Málaga (EFE).- El Caso Astapa contra la corrupción político-urbanística en Estepona (Málaga) ha concluido este viernes, casi 18 años después de que comenzara la instrucción, con 31 absueltos y 15 condenados a penas menores, entre ellos el exalcalde socialista Antonio Barrientos, con cinco meses de suspensión y 40.000 euros de multa.
La Audiencia Provincial de Málaga ha publicado el fallo, que implica que sólo han sido condenados 15 acusados del medio centenar que inició la instrucción.
Barrientos es condenado a cinco meses y siete días de suspensión de empleo y cargo público. Ha sido por un delito continuado de cohecho y a la multa de 40.000 euros, algo que ya ha avanzado que pretende recurrir.
El caso Astapa ha quedado así resuelto tras dos décadas de instrucción de una compleja causa. Suma 55 tomos y alrededor de 15.000 folios, en la que la Justicia ha intentado desentrañar las posibles responsabilidades de medio centenar de acusados.
Barrientos, acusado de un delito continuado de falsedad, fraude y malversación, otro de cohecho y también de prevaricación, finalmente sólo está condenado por cohecho pasivo.
Sólo una sentencia con prisión
El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga que ha llevado el proceso ha absuelto a muchos de los investigados como consecuencia de la prescripción de los delitos. Y ha dictado sentencias condenatorias menores -multas e inhabilitación, principalmente- para los demás.
Sólo uno de los investigados, José Ignacio Crespo de Lucas, ha recibido una sentencia condenatoria que incluye prisión. Sin embargo no la cumplirá aunque tendrá dos años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público. El resto de los condenados sólo han recibido suspensiones y multas, alguna por encima de los 728.000 euros.
Una serie de escuchas sustentaban gran parte de la investigación sobre las que planeaba la sombra del ex comisario José Manuel Villarejo.
En febrero de 2023, poco después de empezar la vista oral el órgano instructor anuló las escuchas. Y esta decisión dejó muy comprometido el proceso para la acusación. No sólo enterraron las grabaciones, sino también cualquier posibilidad de contar con las prueba obtenidas a raíz de las intervenciones telefónicas o derivadas. Lo hicieron en aplicación de la doctrina del fruto del árbol envenenado.
Proceso de gran magnitud
Aunque la manipulación de la investigación por parte de Villarejo nunca ha quedado probada, las defensas se afanaron en tenerlo presente. Y han tratado de tumbar la validez tanto de las escuchas como de las pruebas obtenidas a raíz de las mismas.
Dada la magnitud del proceso, el volumen de la documentación y el número de imputados -alrededor de medio centenar-, su tratamiento se organizó en diez grupos temáticos.
El fiscal Valentín Bueno planteó en la primera de las sesiones de las cuestiones previas la conveniencia de incluir un bloque extra. El objetivo es facilitar el desarrollo de los ya establecidos y “dar cabida a testificales y documentales que se han propuesto”. Así como a alguna pericial, y a «cualquier manifestación” de los acusados, pero que el tribunal no aceptó.
El magistrado presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, Andrés Rodero, manifestó en la última sesión de la vista su pesar por no poder disponer antes de una sentencia en la que se han juzgado hechos que no han gustado a Barrientos, que a la salida de la Audiencia malagueña ha cargado con dureza sobre la Fiscalía. EFE