Málaga, (EFE).- El Gobierno propondrá a las instituciones europeas que Málaga opte a ser sede de la Autoridad Aduanera Europea, una agencia descentralizada de la Unión Europea que iniciará su actividad en 2026, según ha anunciado este jueves la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
«Esta ciudad reúne todos los requisitos y todos los estándares de excelencia en esta materia para que sea designada por parte de Europa como la Autoridad Aduanera», ha afirmado Montero al final de una conferencia sobre políticas transformadoras en los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga (UMA).
La Autoridad Aduanera Europea (EUCA, por sus siglas en inglés) forma parte de la normativa central del paquete de reforma aduanera presentado por la Comisión Europea el 17 de mayo de 2023 y está vinculada a la creación de un sistema electrónico único para las gestiones aduaneras, de cuyo mantenimiento y gestión sería responsable.
El Ejecutivo, en coordinación con las administraciones local y andaluza, presentará la candidatura de Málaga ante la Comisión Europea, y tras un periodo de audiencias de las distintas opciones, se votará la sede en el Consejo y el Parlamento Europeo.
La candidatura destacará las buenas condiciones técnicas y logísticas de Málaga, tales como sus avanzadas infraestructuras de telecomunicaciones: dispone de 5.000 kilómetros de cable óptico con distintas conexiones hacia Europa y 75 nodos de IP con amplia coneectividad.
Defensa de la universidad pública
En su intervención, Montero se ha referido a la «apuesta» del Ejecutivo por situar a Málaga como «punta de lanza mundial» en la investigación de semiconductores y nanotecnología con el proyecto del IMEC, el centro de investigación belga que establecerá en la ciudad andaluza su primera sede fuera de Lovaina, al que el Gobierno destinará 500 millones de euros.
Este proyecto se complementa con otras actuaciones en la provincia de Málaga como los 14 millones del Perte Chip que ha logrado Vodafone o los 5,5 millones asignados a la UMA para impulsar una cátedra de microelectrónica, ha mencionado Montero, quien ha apostillado que las cifras «tiran por tierra» el «quejío continuo» por parte de la Junta de Andalucía sobre la planificación estatal.
En su ponencia, Montero ha hecho una defensa de la universidad pública por su contribución a la cohesión social y territorial, la modernización del tejido productivo, el llamado «ascensor social» y como motor de investigación científica.
Ha expresado su preocupación por la «deriva privatizadora» de algunos gobiernos, entre los que ha citado a los de Madrid y Andalucía, que ha enmarcado en una «estrategia calculada de ir debilitando poco a poco el sistema público en favor de centros privados», pese a que «en muchas ocasiones no reúnen ni criterios de calidad ni requisitos» que se le exigen a los públicos.
La aportación de la inmigración
«Esto tiene implicación clara para la familia», por el coste de las titulaciones, y para la universidad pública, porque «se les impide ofertar titulaciones llamadas a ser las grandes protagonistas del mercado laboral», ha aseverado.
En esta clase magistral, titulada ‘Políticas económicas que transforman: hechos frente a dogmas», la ministra de Hacienda ha repasado otras cuestiones de actualidad como la financiación autonómica, aspecto en el que ha rechazado el «ruido interesado por parte de quienes practican la confrontación».
Además, se ha referido a la inmigración, punto en el que ha incidido en que «la población extranjera está generando ya una cuarta parte del crecimiento del PIB per cápita» del país, según el Banco de España.
«Lejos de esos mensajes xenófobos que algunas formaciones políticas lanzan contra estas personas», a las que «acusan de robar oportunidades a los españoles o directamente las llaman delincuentes», ha dicho: «los migrantes son personas igual a nosotros, con dignidad, con derechos como cualquier ser humano y una mano de obra necesaria en muchos sectores productivos». EFE