Santa Cruz de Tenerife (EFE).- Las empresas dependientes del Cabildo de Tenerife Titsa, Metropolitano, Balsas de Tenerife (Balten) e Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), fueron objeto, entre 2020 y 2022, de sendas ciberestafas por un montante global de 818.331 euros.
El presidente del Cabildo, Pedro Martín, ha detallado en el pleno de la corporación insular, a instancias del grupo Popular, que en todos los casos la modalidad del fraude realizado a estas cuatro empresas fue el de phishing, mediante el cual su autor o autores se hicieron pasar por proveedores de confianza de aquellas.
En concreto, simularon ser personal de Endesa Energía, Unión de Lavanderías de Canarias, Scania y Mecno Service, una empresa italiana proveedora de Metropolitano de Tenerife.
En el caso de Titsa, la cantidad defraudada ascendió a los 194.634 euros, en Metropolitano, a 97.526 euros, en Balten, a 226.100 euros, y en el IASS, a 300.071 euros.
Pedro Martín ha hecho hincapié en que este tipo de fraudes son «cada vez más sofisticados» y no se limitan al simple envío de un correo electrónico, sino que en algunos casos sus autores realizaron llamadas telefónicas y enviaron correos electrónicos desde las cuentas de las empresas cuya identidad suplantaron.
Todo ello para ganarse la confianza del personal del área económica de las empresas y, en un momento, dado, solicitarles que los ingresos los hagan en una cuenta bancaria diferente, ha explicado el presidente del Cabildo.
También ha detallado que en todos los casos se abrieron expedientes informativos salvo en el caso de Metropolitano, cuyo exgerente tardó un año en poner en conocimiento del consejo de administración que la empresa había sido objeto de un fraude, y «a las pocas semanas» abandonó el cargo.
Martín ha indicado que estas ciberestafas fueron denunciadas bien ante la Policía -el proveedor de Metropolitano lo hizo ante los Carabinieri- o directamente en los juzgados.
Y ha invitado a reflexionar sobre la posibilidad de que, desde el cumplimiento por lo dispuesto por la ley de transparencia, se trate de salvaguardar la información sensible de los proveedores, ya que a la misma pueden acceder los ciberdelincuentes para actuar contra las administraciones públicas, que por esta razón son más vulnerables.
Los grupos políticos del Cabildo de Tenerife han pedido redoblar los esfuerzos en la prevención de este tipo de ciberataques, que, según han deslizado el vicepresidente de la corporación insular, Enrique Arriaga, de Ciudadanos, y el portavoz del PSOE, Javier Rodríguez, rondan los 100.000 a la semana.
La consejera no adscrita María José Belda y la del PP Zaida González han coincidido en criticar que no se actuara con mayor diligencia desde que se tuvo conocimiento del primer ciberataque, teniendo en cuenta que transcurrieron dos años desde el primero, en Metropolitano (marzo de 2020) y los tres restantes, entre julio y noviembre de 2022.
También Belda y su excompañero en el grupo de Sí Podemos Canarias David Carballo han puesto el acento en el diferente trato dispensado según qué casos, pues mientras que al exgerente de Metropolitano no se le abrió expediente, en Balten «casi automáticamente» se le abrió a un cargo intermedio, sobre la que se «puso el foco», y en Titsa se hizo extensivo «a todas las personas relacionadas con el área económica». EFE