Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El Juzgado de Instrucción 5 de Santa Cruz de Tenerife ha archivado la demanda de Vox contra quien fue su representante de candidaturas ante la junta electoral en las elecciones generales de julio de 2023, cuando la formación de Santiago Abascal no se pudo presentar en esta provincia.
Entonces, la renuncia a última hora de los candidatos al Congreso por la provincia tinerfeña impidió que la Junta Electoral Provincial proclamara la candidatura de Vox, que se querelló contra su representante de candidaturas al acusarla de ocultar esta renuncia en bloque y no comunicarlo hasta media hora antes de que acabara el plazo legal.
En un auto al que ha tenido acceso EFE, el magistrado juez Alejandro Carrillo considera que las actuaciones de la querellada, Débora Rodríguez, «no merecen reproche penal alguno».
Indica que el conocimiento que tuvo de la renuncia de los tres suplentes y un titular de la lista de Vox al Congreso de los Diputados se produjo en la noche del 25 de junio de 2023, «quedando apenas unas horas para la finalización del plazo para la proclamación definitiva de los candidatos».
«Puesta en esa tesitura», abunda el auto judicial, «a la querellada no le quedó mas opción que remitir por correo electrónico la renuncia, al encontrarse la sede de la Junta Electoral Provincial cerrada», y añade que la omisión de comunicación a otros representantes de Vox, teniendo en cuenta «las circunstancias concurrentes (altas horas de la noche)», no implica delito alguno.
En el análisis de los delitos de los que era acusada, los de administración desleal, delito electoral y el de impedimento del ejercicio de derechos cívicos, el juez señala que no son imputables a la querellada, pues ni tenía facultades para administrar un patrimonio ajeno ni la condición de funcionaria pública.
En el mismo auto, el juez resuelve que no procede la imputación del expresidente de Vox en Tenerife, Manuel Ángel Molina, al considerar que no tuvo ninguna participación en los hechos objeto de la querella, ni siquiera en la renuncia de los cuatro candidatos, que por otro lado, apostilla, «son absolutamente libres para aceptar su participación en las listas, buscar un notario para renunciar y pagar al mismo».
Voz también interpuso un recurso contencioso-electoral contra el acuerdo de la Junta Electoral Provincial por el que se denegó la proclamación de su candidatura en los comicios del 23-J y fue desestimado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife.
Una vez conocido el archivo de la querella en su contra, el presidente y la representante de la candidatura indican en un comunicado que estudiarán la posibilidad de emprender acciones judiciales contra Vox, partido al que acusa de señalarlos públicamente «en una práctica como la que utilizaba la banda terrorista ETA».
Se preguntan si con su actuación no se tuvo en cuenta que «podía haber dado lugar a que alguien se extralimitara pudiendo atentar» contra su integridad física, ni valoraron el «acoso» al que fueron sometidos a través de las redes sociales, en las que llegaron a recibir amenazas de muerte.
«¿Este es el partido de la verdad?», se preguntan. EFE