Santa Cruz de Tenerife (EFE).- Representantes en Canarias de las organizaciones agrarias Asaga, COAG, UPA y Palca han reprochado este miércoles la «falta de acción» de las administraciones públicas tras las protestas del sector el pasado mes de febrero, por lo que no descartan nuevas movilizaciones.
En estas movilizaciones se seguirán exigiendo «políticas urgentes» como garantizar el agua de riego o simplificar los trámites administrativos.
En una rueda de prensa, el secretario general de Asaga Canarias, Theo Hernando, ha criticado la inacción «principalmente insular y municipal» al «poner muros» a las tramitaciones de expedientes en medio de una «maraña burocrática» que provoca, a su juicio, la expulsión del mercado, la dependencia de países terceros y la pérdida de identidad cultural.
Hernando ha calificado de «decepcionantes» las acciones realizadas por las administraciones públicas, y ha señalado que, pese a la relajación de la Política Agraria Común (PAC), la situación es de «incertidumbre y desánimo», por lo que esperan que sus compromisos se eleven a Bruselas tras las elecciones europeas del 9 de junio.
«La maraña administrativa nos vuelve loco», ha proseguido, provoca que licencias municipales «tarden tres años» e incluso jóvenes emprendedores pierdan subvenciones concedidas, por lo que pide simplificar y agilizar las tramitaciones y romper con un sistema que tiene «tres veces más normas que cualquier comunidad autónoma».
El portavoz de Palca Canarias, Sergio Rodríguez, ha incidido en que la crisis hídrica es «uno de los problemas más graves que tiene Canarias», pero la agricultura «no es responsable de ella» sino la falta de acción política desde la puesta en marcha de la Ley de Aguas de Canarias hace 33 años.
Emergencia hídrica en Tenerife
En alusión a la declaración de emergencia hídrica del Cabildo de Tenerife, ha mostrado su escepticismo y ha cuestionado que «los auténticos responsables de esta situación catastrófica» sea quien deba poner en marcha las medidas que lo solucione, en un contexto en el que ya se habla de restricciones de agua a la agricultura.
Rodríguez ha dicho que el 75 por ciento del agua en Tenerife es aportada por la iniciativa privada y solo el 25% por la parte pública, sin embargo, ha detallado que el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF) cuenta con un presupuesto de 60 millones anuales, de los cuales «solamente» destina 750.000 euros anuales a la iniciativa privada.
Además, ha manifestado que hay ayuntamientos tienen que pierden más del 50% de agua a través de conducciones de agua que tienen más de 50 años, ha matizado Theo Hernando, que también ha ejemplificado que «solamente» con las pérdidas de agua en La Laguna (Tenerife) «se regaría todas las plataneras de Canarias».
Sergio Rodríguez ha exigido que, en caso de restricciones se aplique la Ley de Aguas y se priorice a la población, luego a la agricultura y, por último al turismo y el ocio, ya que «al turismo ni a los campos de golf se restringe, solamente a los agricultores».
En este punto, el secretario general de Asaga Canarias, Theo Hernando, ha aludido a vincular la producción al mercado y a que el turismo «sea motor de la agricultura en Canarias», ya que el turismo «vive en mundo independiente» y solo consume el 30% de productos agrarios locales.
Otro de las reivindicaciones agrícolas reside en el relevo generacional, pues según ha expuesto, el 12% de productores tiene menos de 45 años y en seis años se jubilarán el 56% de los productores, lo que «provocará perder el 40% de producción en un sector que «debe ser atractivo para los jóvenes».
Miguel López, de Coag Canarias, ha pedido al Gobierno de Canarias gestionar ante la Unión Europea la ficha financiera del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (Posei), que data del 2006 y «no se ha actualizado», por lo que «se ha perdido renta en costes».
Los fondos del Posei
Más concretamente, López ha recordado que el Posei se ancló al Régimen Económico y Fiscal y ha elevado una petición al Gobierno de España para que, «haya Presupuestos Generales del Estado o no», se aporte el Posei adicional ante el anuncio de la ausencia de recursos para cubrir la totalidad de la demanda.
Asimismo, ha apelado que la Ley de Cadena Alimentaria «es fundamental» porque «no es posible» vender por debajo de costes de producción en unas condiciones «imposibles para producir, desfasados por las ayudas y marginados ante la entrada de productos de países terceros sin cláusulas espejo», es decir, sin la misma normativa de producción y comercio.
Por otro lado, Sergio Rodríguez ha pedido paralizar la puesta en marcha de la conexión Tarfaya-Fuerteventura, que ha calificado de «lesiva» para la agricultura canaria «por plagas y enfermedades» y la posibilidad de ser la puerta de entrada en Europa de productos con «una calidad no contrastada» y sin tratamientos fitosanitarios aprobados en la Unión Europea.
Jorge Pelayo, de UPA Canarias, ha exigido al Ministerio de Agricultura bajar la condicionalidad «a la realidad», pues ha dicho que es más caro producir en Canarias que en Europa, y ha pedido también quitar las sanciones por no cumplir la condicionalidad en explotaciones de cero a diez hectáreas. EFE