Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El empresario Iñigo Rotaetxe, implicado judicialmente en el caso Mascarillas, se ha negado este viernes a responder a preguntas en la comisión del Parlamento de Canarias que investiga la compra de material sanitario durante la pandemia por, según el diputado de CC José Alberto Díaz- Estébanez, «temor» a decir algo que le pueda perjudicar o por incurrir en contradicciones.
Al comenzar la sesión, el empresario comunicó que se iba a acoger a su derecho de no contestar a ninguna de las preguntas debido a que hay un proceso penal en curso en el que todavía no le han tomado declaración.
Sin embargo, el diputado de CC ha señalado que aunque está en su derecho a no responder a las cuestiones que le han planteado todos los grupos políticos con representación en la cámara «no es la mejor manera de alcanzar la verdad».
«Esto no es un juicio y no pretende serlo, pero sí un instrumento útil para esclarecer los hechos, para llegar a la verdad», ha manifestado Díaz-Estébanez, quien ha insistido que no hablar «demuestra una actitud, una intención y un cierto temor a la verdad».
Según el diputado de CC, Rotaetxe puede tener miedo a las contradicciones que pueda haber entre su declaración y otras declaraciones anteriores o posteriores.
Por ejemplo, ha agregado, «si hubiera habido una declaración hace unos días de alguien que hace el transporte, que dice que nunca ha contratado con usted, y usted dice aquí que sí ha trabajado con esa empresa aérea, existiría una declaración contradictoria que exigiría por lo menos un esclarecimiento y quizás una responsabilidad», ha agregado.
Asimismo, ha señalado que hubo «un perjuicio claro a la administración pública y al patrimonio de los ciudadanos» y que «alguien que se benefició de aquellas operaciones».
«En su mano, me temo que estaba poder arrojar algo de luz» y si hubo connivencia, imprudencia y falta de diligencia, ha agregado.
También el diputado de Vox Javier Nieto reflexionó sobre su silencio y dijo que si se debe a una defensa procesal o porque tiene «miedo o alguien le esta amenazando».
Ha asegurado que Rotaetxe está imputado por un presunto delito de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias, «un asunto muy serio» por lo que entiende que no pueda contestar de «cualquier manera» a los diputados canarios.
El diputado de Vox ha insistido en que sus cuestiones son «simplemente informativas» y tienen el objetivo de averiguar la verdad sobre la gestión del «caso más grave sanitario que hemos tenido en España» para así «ventilar depuraciones políticas», ha apostillado.
Aunque el empresario ha permanecido en silencio durante todo el tiempo que ha durado la comisión, la diputada del PP Jennifer Curbelo le ha pedido que explique por qué la Fiscalía Anticorrupción Europea y la Audiencia Nacional le imputan por delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y organización criminal.
Todo ello en relación con la compra y venta de mascarillas durante la pandemia por parte de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., de la que ha dicho que Rotaetxe fue apoderado, y cuyo objeto social es ofrecer servicios generales de constitución, financiación, mantenimiento y funcionamiento de empresas e instituciones.
«¿Cómo explica usted que sin experiencia previa en el sector sanitario durante los primeros meses de la pandemia en el año 2020, la empresa facturase nada más y nada menos que 53 millones de euros en la venta de material sanitario y mascarillas?», ha preguntado Curbelo.
La diputada del PSOE Nira Fierro ha defendido la gestión del anterior gobierno de Canarias, presidido por su partido, y ha señalado que no se ha detectado ninguna ilegalidad en el anterior ejectuivo, que ha recordado que pagú un precio «normal» por las mascarillas, un total de 11,1 millones por 5.260.000 mascarillas.
Según ha destacado, estos contratos no han sido tocados por el actual gobierno de Canarias, que no ha iniciado ninguna declaración de nulidad, ningún expediente de responsabilidad patrimonial ni tampoco le ha dado trasladado a Fiscalía por detectarse alguna conducta fraudulenta.
«Nada, lo único que se ha hecho es dar traslado de la documentación a los órganos judiciales y parlamentarios que lo han pedido», ha manifestado la diputada del PSOE, a quien le hubiera gustado contar con las aclaraciones de Rotaeche, pero respeta su derecho a no declarar. EFE