Toledo (EFE).- Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves el límite de gasto no financiero para 2026, con el voto a favor del PSOE y en contra del PP y Vox, lo que supone el primer paso para la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha para el próximo ejercicio, con el objetivo de que puedan entrar en vigor el próximo 1 de enero.
Durante su intervención en el pleno del Parlamento autonómico, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha pedido a los grupos parlamentarios -PSOE, PP y Vox- su «respaldo unánime» al límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, que asciende a 9.000 millones de euros para 2026, lo que supone un 8,2 por ciento más con respecto al del año anterior, 686 millones de euros más en términos absolutos.
«Esta variación no supondrá, en ningún caso, un aumento de los impuestos», ha asegurado el consejero, quien ha agregado que el techo de gasto permitirá elaborar un presupuesto «equilibrado» para el próximo ejercicio, «compatible con la congelación de la presión fiscal» y que no recurre al endeudamiento.
Incertidumbre nacional
El titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha destacado que su tramitación se ha llevando a cabo en un ambiente de «clara incertidumbre» a nivel nacional porque todavía no se sabe si habrá Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026 o seguirán prorrogados los de 2023 y porque no se han aprobado aún los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública.
Si bien, ha abogado por «aprovechar» el clima de «estabilidad política e institucional» que se vive en Castilla-La Mancha «para mejorar la calidad de vida y el bienestar del conjunto de la ciudadanía».
En este contexto, Ruiz Molina se ha dirigido a los grupos de la oposición y ha incidido en que si para 2026 no se suben los impuestos, no se recurre al endeudamiento y Castilla-La Mancha dispone de 686 millones de euros más para cumplir los compromisos adquiridos con los ciudadanos, «ya no tienen excusa para votar en contra del techo de gasto».
Principales magnitudes del techo de gasto
El consejero ha detallado las principales magnitudes que componen el límite de gasto no financiero, entre ellas, los ingresos propios de carácter no financiero que, como ha indicado, ascienden a 9.117 millones de euros.
De esta cifra, ha remarcado que el 85,7 %, es decir, 7.814 millones son los ingresos que le corresponden a Castilla-La Mancha provenientes del sistema de financiación vigente, incluyendo las entregas a cuenta para 2026 y la liquidación de 2024.
Asimismo, ha precisado, que el 14,3 % restante, es decir, 1.303 millones se corresponde con el resto de los ingresos no financieros, de los que ha desgranado dos partidas: la primera es lo que correspondería a la región por el reparto del impuesto a la Banca en función del PIB, unos 60 millones; y la segunda es lo que se estima que se ha recaudado por la ejecución del programa Feder 2021-2027, unos 217 millones.
En relación con el segundo componente y, con independencia de la senda de déficit que se pueda fijar para las comunidades autónomas, Ruiz Molina ha explicado que se ha fijado como objetivo para 2026 el «déficit 0», lo que permitirá no incrementar el endeudamiento de la comunidad autónoma.
La última magnitud son los ajustes de contabilidad nacional, que para 2026 está previsto que resten 116 millones de euros.
«Responsabilidad financiera» frente a «subida de impuestos»
En la misma línea se ha pronunciado la diputada del PSOE Silvia Fernández, quien ha afirmado que son 9.000 millones de euros «para crecer, no para retroceder» y que este techo de gasto «refleja la seriedad en lo económico y la sensibilidad en lo social» y es «un ejemplo de responsabilidad financiera» que va a permitir a Castilla-La Mancha «mirar al futuro con seguridad y con paso firme».
De su lado, el parlamentario del PP Santiago Serrano ha señalado que desde 2015 hasta la actualidad el techo de gasto ha tenido «un incremento brutal» y, sin embargo, «tenemos una realidad malograda que se plasma en todas las áreas» y ha apuntado que también el año pasado el Gobierno regional dijo que mantendría la congelación de la prisión fiscal, pero aprobó el canon del agua.
De igual modo, el diputado de Vox Francisco Cobo ha dicho que los datos económicos «reflejan una realidad muy distinta de la que nos cuentan» y que Castilla-La Mancha se encuentra «en una clara desaceleración para 2026» y ha criticado una política fiscal «a base de subidas» y un límite de gasto no financiero que, a su juicio, tendrá «una repercusión negativa» sobre la ciudadanía, como consecuencia de lo que serán «unos malos presupuestos». EFE