Valladolid (EFE).- El Consejo Técnico de la Memoria Histórica, dependiente de la Junta de Castilla y León, que tramita las peticiones de autorización para la búsqueda de fosas comunes de la Guerra Civil y la Dictadura ha dado luz verde a cinco demandas en lo que va de 2024, las tres últimas aprobadas en su reunión del pasado 20 de marzo, mientras que desde su creación en 2018 han sido 71 las permitidas.
Estas últimas autorizaciones llegan en plena polémica tras el registro por parte de PP y Vox de una proposición de Ley de Concordia que derogará el actual Decreto de Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León, que regulaba esta materia y que amparaba la participación de asociaciones memorialistas en este foro técnico, algo que no permite la futura ley, frente a la que el Gobierno central ha anunciado recurso ante el Tribunal Constitucional.
Según han confirmado a EFE fuentes de la Consejería de la Presidencia del Ejecutivo autonómico y de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid, las últimas peticiones tienen como objetivo la localización de fosas en los municipios de Vegas de Matute (Segovia), Garrafe de Torío (León) y Mojados (Valladolid), donde los trabajos comienzan mañana.
Frente a lo que ha ocurrido con el Consejo Asesor de Memoria Histórica, que no ha vuelto a reunirse desde la dimisión de su primer y único responsable, Ángel Hernández, a raíz de la incorporación de Vox al Gobierno autonómico junto al PP, el Consejo Técnico ha mantenido reuniones periódicas desde 2018 para cumplir con su principal labor, como es la autorización técnica de peticiones de localización de fosas comunes.
La actividad del Consejo Técnico de la Memoria Histórica de Castilla y León se encuentra definida por el artículo 5 del Decreto que está a punto de ser derogado en Castilla y León.
Actualmente la presidencia de este Consejo Técnico recae sobre la directora general de Relaciones Institucionales de la Consejería de la Presidencia, Irene Muñoz, mientras que como vocales participan tres técnicos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte; dos representantes de las asociaciones, fundaciones u organizaciones sin ánimo de lucro constituidas con la finalidad de la defensa de la dignidad de todas las víctimas en la Comunidad de Castilla y León; y dos representantes de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León.
En concreto, en representación de las asociaciones, actualmente participan en estas reuniones un integrante de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Palencia y otro de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid.
El presidente de la entidad vallisoletana, Julio del Olmo, ha explicado a EFE que en Castilla y León estos trámites administrativos, de cumplimiento de la normativa estatal y el decreto autonómico, se han cumplido hasta el momento con «absoluta normalidad».
Desde 2018, cuando el último Gobierno autonómico presidido por Juan Vicente Herrera (PP) aprobó el Decreto de Memoria Histórica y Democrática, la secuencia de autorizaciones dadas por el Consejo Técnico ha sido la siguiente, según consta en las actas publicadas por la Junta de Castilla y León:
2018: Seis autorizaciones en dos reuniones.
2019: Once autorizaciones en cinco reuniones.
2020: Cinco autorizaciones en tres reuniones.
2021: Dieciocho autorizaciones en siete reuniones.
2022: Doce autorizaciones en tres reuniones.
2023: Doce autorizaciones en cuatro reuniones.
2024: Cinco autorizaciones en dos reuniones.