Valladolid (EFE).- Once asociaciones memorialistas de Castilla y León han denunciado este martes que la proposición de Ley de Concordia presentada por el PP y Vox es «más bien de discordia» porque «oficializa el negacionismo, reescribe la historia tratando incluso de eliminarla, equipara democracia y dictadura y es contraria a los derechos humanos», al «ocultar» hasta 16.000 víctimas y sus familias en esta Comunidad.
En un comunicado, estas entidades afirman que la aprobación de esta normativa significaría «un retroceso que impone y oficializa el discurso de odio de ultraderecha, equiparando en su limitación temporal democracia y fascismo y en su planteamiento general a víctimas y verdugos».
Inconstitucionalidad
Las asociaciones que firman este documento, en el que anuncian que recurrirán a instancias judiciales e internacionales para denunciar su inconstitucionalidad, son las siguientes: Recuerdo y Dignidad, Por la Memoria Histórica de Miranda de Ebro, Las Merindades de la Memoria, Pozo Grajero, Foro por la Memoria de Zamora, Foro por la Memoria de Segovia, Foro por la Memoria del Valle del Tiétar y La Vera, En Medio de Abril, Salamanca Memoria y Justicia, Para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid y Coordinadora Provincial por la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos.
«En Castilla León no necesitamos una ley de concordia, que realmente es una excusa y un disfraz para el propósito de facto que es un blanqueamiento de un periodo de Crímenes Contra la Humanidad, una ocultación de dichos crímenes, y, en parte, la vuelta a la imposición del silencio»», han argumentado.
Las asociaciones remarcan que se trata de una ley «innecesaria, engañosa, retrógrada, ideologizada y maliciosa», con la que el PP «reniega de su propio trabajo para anclarse al poder, al conseguir el apoyo de la ultraderecha».
El texto «difumina los graves delitos» sufridos por las víctimas del levantamiento militar de 1936 y el franquismo, ya que «ignora las torturas, el trabajo esclavo, el robo de bebés, las desapariciones forzadas, la represión ejercida contra las mujeres o la violencia por prejuicios de tipo sexual, entre otras».
En el «totum revolutum» que observan en este texto normativo, las asociaciones denuncian que olvidan que la ley de memoria histórica de exhumaciones del franquismo tiene ya «83 años» y durante la dictadura y también ya en democracia existieron reparaciones para las familias de las víctimas del bando franquista en forma de licencias de estancos, gasolineras y administraciones de lotería, entre otras, en una «política de favorecimiento económico y simbólico sólo para esas víctimas».
Por el contrario, las asociaciones denuncian que hasta «16.000 civiles ajenos al conflicto bélico de Castilla y León, víctimas de un auténtico plan de eliminación física del adversario ideológico, en una comunidad donde no hubo prácticamente frente de guerra» están siendo buscados desde hace más de 20 años como reparación para sus familias, sin ayuda pública por parte de la Comunidad.
2.767 cuerpos recuperados
En los últimos años estas asociaciones memorialistas han recuperado los cuerpos de 2.767 castellanoleoneses hechos desaparecer por la fuerza y enterrados en fosas comunes clandestinas para imposibilitar su localización, lo que sitúa a esta Comunidad como la que más recuperaciones han logrado.
Además, las organizaciones sociales han intentado infructuosamente la localización de varios cientos más, sin que este «trampantojo de una concordia que ya se da en la Comunidad» vaya a aportar recursos o medios para favorecer estos trabajos.
Las asociaciones se sienten «expulsadas» de los órganos creados por el actual Decreto y lamentan que con este «despropósito» quizás tengan que «volver al barro de explicar lo obvio y de lo que trata la memoria democrática, y separarlo de la basura que la ultraderecha está vertiendo para que no nos ocupemos de esta tarea tan necesaria o porque tienen miedo de que esto se afronte y se supere y que avancemos como sociedad democrática». EFE