Valladolid (EFE).- El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado este jueves la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, tal como anunció ayer el presidente Alfonso Fernández Mañueco, al entender que vulnera hasta 14 artículos de la Constitución, el principio de igualdad entre los españoles y «ataca» el Estado de derecho.
Los Servicios Jurídicos de la Junta analizarán ahora cómo y cuándo se presenta el recurso, trámite que se deberá cumplimentar antes del 11 de septiembre, que es cuando expira el plazo, ha explicado el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
González Gago ha avanzado que, dado que quedan ocho días hábiles, siendo festivo el 9 de septiembre en Valladolid, «pueden asegurar que sobre el 10 de septiembre prestará formalmente el recurso ante el Tribunal Constitucional», por parte de los jurídicos de Presidencia, que con el acuerdo de hoy han quedado autorizados.
La Junta considera que la Ley de Amnistía, aprobada en el Congreso de los Diputados el 30 de mayo -y publicada en el BOE el 10 de junio-, vulnera «como mínimo 14 artículos de la Constitución». Y ha estructurado su recurso en cuatro bloques: legitimación para presentar el recurso; crítica jurídica; su consideración como ‘ley singular’; e impugnación de preceptos o disposiciones del texto aprobado en el Parlamento nacional.
Quiebra del Estado de derecho y del principio de igualdad
La Junta de Castilla y León se considera legitimada para dar este paso al entender que la Ley de Amnistía quiebra, «de forma arbitraria e interesada», el principio de igualdad establecido en el artículo 14 de la Constitución como derecho fundamental de los españoles.
También, el artículo 139 de la Carta Magna, que establece la ‘igualdad territorial’, al disponer que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado; y los derechos de las personas físicas o jurídicas de Castilla y León que residen o trabajan en Cataluña.
El texto del recurso apela a una quiebra del Estado de derecho y del principio democrático, recogidos en la Constitución, y apunta que la Carta Magna prohíbe expresamente en su artículo 62 los indultos generales, y la Junta considera que la Ley de Amnistía es un indulto general, pues no solo perdona la pena sino también da por no cometido el delito.
La ley es también una reforma constitucional encubierta, aseguran, y rompe con el principio de separación de poderes, además de vulnerar la libertad ideológica pues «aplicar la amnistía solamente a ciertas personas y por ciertas causas, y al producir una discriminación entre ciudadanos que poseen una ideología y para los que se suspende la aplicación del Código Penal».
Sin arrepentimiento y vulnerando acuerdos europeos
La Junta de Castilla y León, entre los artículos y disposiciones de la ley que recurrirá, destaca que la amnistía no exige que los autores muestren arrepentimiento o compromiso de no volver a cometer los hechos, «abriendo la puerta a la posibilidad de amnistiar delitos futuros».
Y quebranta los compromisos adquiridos por el Estado Español a través del Tratado de la Unión Europea, en lo relativo a los delitos de malversación que no hayan supuesto un enriquecimiento propio y delitos de terrorismo, que quedan amnistiados en algunos supuestos.
El recurso hace referencia también a la aplicación de la figura jurídica de la amnistía, al utilizar el modelo de ‘ley singular’, que a juicio de la Junta se utiliza de modo «torticero», sin excepcionalidad ni condiciones extraordinarias, que están amparadas en los supuestos reconocidos por el Constitucional.
Avalado por el Consultivo
El recurso de inconstitucionalidad está avalado, además, por el Consejo Consultivo de Castilla y León, que el 8 de agosto emitió un dictamen, aprobado con tres votos a favor y el voto particular del procurador socialista Francisco Ramos, en el que recogía que la Junta está «legitimada» para interponer dicho recurso ante la existencia de fundamentos jurídicos suficientes.
Para el Consultivo, hay «fundados argumentos» para afirmar que la Ley de Amnistía «no tiene cabida en la vigente Constitución Española», pues vulnera varios derechos y principios recogidos en la misma, y que para su aprobación se requeriría la modificación de la Carta Magna, según explicó la semana pasada en nota de prensa.
En concreto hacía referencia al derecho de igualdad (art. 14 CE) y los principios de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), así como los preceptos contenidos en los artículos 117 y 118 de la Constitución, atinentes al Poder Judicial, en relación con el principio de separación de poderes.
Confianza total
El consejero de Presidencia tiene una «confianza total» en que el Tribunal Constitucional estime el recurso de la Junta; «es un acuerdo fundado. Nadie puede discutir teóricamente las cuestiones que se plantean», ha asegurado, y el tribunal tendrá que hacer «un esfuerzo importante» para explicar y dar respuesta.
Luis Miguel González Gago, quien ha recodado que la Junta es la primera comunidad autónoma que ha materializado los anuncios de recursos de inconstitucionalidad, ha pedido «prudencia y contención» al delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, quien ha asegurado esta semana que el recurso de la Junta caería «en saco roto».
«Me parece como mínimo un exceso verbal», pues es difícil opinar sin conocer el texto, ha apuntado, y considera también que estas declaraciones son una «una exteriorización de una injerencia al poder judicial y al Constitucional, que es intolerable», ha insistido.EFE