Valladolid (EFE).- La Junta de Castilla y León ha plasmado en una respuesta parlamentaria que el número de viviendas de su propiedad que están ocupadas ilegalmente en estos momentos es de 46 en siete provincias, ya que en Soria y Zamora no tiene registrado caso alguno, por lo que este dato implica que representan el 0,7 por ciento de las 6.457 viviendas que poseen: 3.092 en alquiler y 3.365 en venta.
Por provincias, las viviendas de la Junta ocupadas se distribuyen del siguiente modo y por este orden: Burgos -todas ellas en Aranda de Duero- (21), Ávila (8), León (6), Palencia (6), Segovia (2), Valladolid (2), Salamanca -en Ciudad Rodrigo- (1), Soria (0) y Zamora (0).
El Grupo Socialista preguntó sobre la situación de la Comunidad en materia de viviendas de protección pública, tanto en venta como en alquiler, y también por los casos de ocupación ilegal, y la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha respondido con estos datos, publicados en el Boletín Oficial de las Cortes y consultados por EFE.
170 ocupadas en todo Castilla y León
Según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, correspondientes al primer semestre de 2023, en Castilla y León había en total en ese periodo 170 casos de ocupación de vivienda -no solo las de promoción pública de la Junta-, frente a los 202 del mismo periodo del año anterior, lejos de la situación que viven otras autonomías en las que el volumen de viviendas en esta situación es muy superior en Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, con más de 10.000 casos en España hasta agosto de 2023.
Este dato implica que en Castilla y León se registraron en ese momento el 1,6 por ciento de los casos detectados a nivel nacional.
En su respuesta parlamentaria, la Consejería describe que cuando tiene conocimiento de la ocupación ilegal de una vivienda protegida de su titularidad evalúa la posibilidad de recurrir a la Justicia para acceder al inmueble y completar el «lanzamiento» del inmueble ocupado ilegalmente.
No obstante, aclara que para llevar a cabo esa medida existen «dificultades» como consecuencia «del marco normativo vigente en materia de atención a situaciones de falta de vivienda y de riesgo de exclusión social», en referencia a que las personas en situación de vulnerabilidad económica quedan amparadas para evitar que se vean sin techo.
Iniciativa en las Cortes
En este contexto, el Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León ha registrado para su debate el miércoles en el pleno que arranca mañana una proposición no de ley sobre esta situación, en la que, entre otras cosas, pide a la Junta algo que ya está en marcha como la puesta en marcha de una «ventanilla de atención al ciudadano o un canal de comunicación con las víctimas directas», para asesorarles jurídicamente, algo que ya puso en marcha en junio de 2023 con la colaboración de las Cámaras de la Propiedad Urbana.
Del mismo modo, el PP solicita al Gobierno autonómico que denuncie las ocupaciones ilegales de las que tenga conocimiento y las defraudaciones de fluido eléctrico de que tenga constancia.
Por otro lado, el PP le pide a la Junta que se dirija al Gobierno de España para modificar la normativa que «blindan al ocupante sin título y al delincuente restringiendo la posibilidad de su desalojo», y que queden derogados también los artículos que fueron modificados en esta materia para hacer frente a la pandemia de covid, entre otros cambios.EFE