La primera teniente de alcaldía de Barcelona, Laia Bonet, ha explicado este lunes que el gobierno municipal está encarrilando la primera sanción a una promotora por incumplir la normativa que obliga a las inmobiliarias a destinar un 30 % de las nuevas edificaciones a vivienda protegida.
«Hace 15 días tuvimos una primera sentencia favorable que nos permite iniciar el expediente sancionador correspondiente, en el caso de un bloque de la calle Castillejos 242, para el que ya se está preparando la sanción», ha afirmado Bonet en una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento de Barcelona.
Bonet ha expresado la voluntad del consistorio de «cumplir de forma estricta y hasta las últimas consecuencias» con la normativa del 30 %, y ha añadido que el resto de expedientes abiertos (ocho) «siguen vivos y en posibilidad de acabar en sanción».
Desde diciembre de 2018, la modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) obliga a las nuevas promociones o grandes rehabilitaciones a destinar un 30 % de los pisos a vivienda protegida.
En este contexto, Bonet ha indicado que en 2022 se llevó a cabo una inspección a 2.500 actuaciones con permisos de obra para detectar si en alguna de ellas podría haberse producido un incumplimiento de la normativa del 30 %.
Nueve casos de posible incumplimiento
La teniente de alcalde ha dicho que, de todas ellas, en nueve casos se detectó «un posible incumplimiento», es decir, en el 0,036 % de las actuaciones inspeccionadas.
«Cuando detectamos posibles incumplimientos, que significa que el permiso de obras que se ha solicitado no se ajustaba a la realidad de las obras, hay que pedir el permiso de obras correcto. Una vez aflora el incumplimiento, se restituye la legalidad urbanística, se solicita el permiso y se impone la sanción, según recomiendan los servicios jurídicos», ha detallado Bonet.
En este sentido, la primera teniente de alcaldía ha recriminado a BComú, responsable del área de Urbanismo en el momento de la macroinspección, que «no buscara el incumplimiento para luego imponer la sanción», sino que optara por «aplicar en paralelo los procedimientos de restitución y sancionador» en cinco casos.
«Esto no aporta seguridad jurídica porque se aplica una sanción antes de acreditar cuál es el verdadero incumplimiento. Los servicios jurídicos no están diciendo cómo trabajar, pasando antes por una fase previa, que es la de restitución, e imponiendo sanciones cuando se incumpla la normativa del 30 %», ha subrayado.
Bonet ha señalado que, más allá de estas 2.500 actuaciones y de los nueve posibles expedientes de incumplimiento que se abrieron, el gobierno municipal cruza la información sobre los permisos de obra que entran en la ciudad, lo que le permite detectar «unos 300 expedientes cada mes».
«Fruto de este protocolo, sabemos con certeza que no se están produciendo incumplimientos de esta normativa porque analizamos anticipadamente los permisos de obra para evitar incumplimientos de la normativa del 30 %», ha resaltado.
Los ocho expedientes restantes se encuentran en fase de restitución, por vía administrativa o judicial, en el caso de que el promotor no haya modificado el permiso de obras que se le ha dicho que modifique, según ha indicado Bonet. EFE