Barcelona (EFE).- Jueces y fiscales se han concentrado este miércoles a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Barcelona para protestar contra las reformas del Gobierno en el acceso a la carrera judicial y en el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, al considerar que la independencia judicial está «bajo amenaza».
Convocados por la Asociación Profesional de Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Forojudicial independiente (FJI) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APJF), un grupo de jueces y fiscales han protagonizado un paro de diez minutos en protesta por estas modificaciones impulsadas por el Ejecutivo, y no descartan «medidas de conflicto más intensas» como una huelga, si no se retiran ambos proyectos.
En un manifiesto hecho público durante la concentración, las cuatro asociaciones han denunciado que un poder judicial «independiente de toda injerencia política» está «bajo amenaza» por las recientes iniciativas legislativas promovidas por el Gobierno.
«Riesgo de selección ideológica de los jueces»
Para los convocantes de esta protesta, la primera de las reformas, el proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal, implica «rebajar la excelencia de conocimientos», y denuncian también que introduce «pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración».
Según estas asociaciones, se pretende asimismo crear un centro de preparación de opositores dependiente del Gobierno, con el «riesgo» de una «selección ideológica» de los futuros jueces y fiscales.
Critican, además, que el Gobierno haya tramitado esta modificación por la vía de urgencia, cuando es un «proyecto que no responde a ninguna demanda social».
Respecto a la segunda de las modificaciones, al anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, consideran que con esta se «aumentan las competencias» del Fiscal General del Estado, el cual es nombrado por el Gobierno, lo que puede provocar «injerencias políticas en las causas de corrupción», subraya el manifiesto.
Estas reformas «van encaminadas a convertir el poder judicial en un poder con minúscula, un pode más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder».
«Mina la confianza en la ciudadanía»
Para las asociaciones, ambas reformas coinciden además en el tiempo con un «ambiente de continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía», lo que «mina la confianza» de la ciudadanía en la justicia.
En declaraciones a los medios finalizada la protestad, Cristina Dexeus, de la APJF, ha reivindicado una justicia «imparcial que no esté sometida a injerencias de los políticos, de cualquier político», porque «queremos una justicia fuerte capaz de contrarrestar en su caso a los otros poderes».
Esta fiscal ha considerado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha sido procesado por un juez del Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos, debe dimitir, ya que esta situación «desacredita» a la Fiscalía. EFE