Barcelona (EFE).- El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona (UB) Enoch Albertí ha sido elegido como nuevo presidente del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) en sustitución de Joan Vintró.
Según publica este lunes el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC), el Govern designó el viernes a Albertí como presidente de este organismo consultivo, del que ya era consejero desde mayo de 2022, cuando fue nombrado a propuesta del Parlament.
La ley del CGE estipula que son los miembros del Consejo los que eligen entre ellos a su presidente, y que es el Govern quien efectúa formalmente el nombramiento por un periodo máximo de tres años, renovable una vez.
En este sentido, el pasado 20 de mayo se cumplieron tres años desde el nombramiento de Joan Vintró como presidente del CGE, por lo que su mandato estaba pendiente de renovación.
Fuentes del Govern consultadas por EFE han explicado que Albertí ha sido elegido como nuevo presidente por unanimidad de los miembros del CGE, tras descartar Vintró repetir en el cargo por razones personales.
Del Estatut al Consejo Asesor para la Transición Nacional
Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, Albertí colaboró en la preparación del borrador del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 y fue miembro del Consejo Asesor para la Transición Nacional entre 2013 y 2014, bajo la presidencia de Artur Mas.
A nivel académico, Enoch Albertí dirigió el Grupo de Estudios Constitucionales y Europeos entre 1996 y 2022 y ha realizado estancias de investigación en la universidad de Bielefeld (Alemania) y en Harvard (Estados Unidos), en el curso 2003-2004.
También dirigió el departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política de la UB entre 1996 y 2000 y fue decano de la Facultad de Derecho de esa misma universidad entre 2008 y 2016.
Albertí sustituye en la presidencia de este organismo al también catedrático Joan Vintró, que formó parte del grupo de académicos que el Govern de Carles Puigdemont designó para realizar un seguimiento de la jornada del 1-O, después de que el Tribunal Constitucional desmantelara la Sindicatura Electoral que se había creado para este fin, a través de la ley del referéndum que fue suspendida.