Madrid (EFE).- Los bomberos forestales de Madrid, en huelga desde el 15 de julio, continúan luchando por la negociación de sus mejoras laborales, pese a lo cual estuvieron en primera línea en el incendio de Tres Cantos este lunes con 14 dotaciones y 90 hombres.
«En ningún momento desde el inicio de la huelga ha quedado desatendida la Comunidad, hemos estado trabajando en múltiples incendios que ha habido», con unos servicios mínimos del 80%, ha dicho a EFE el delegado del Sindicato Profesional de Bomberos Forestales (Firet) en la Comunidad de Madrid, Javier Villanueva.
Consideran que tanto la Comunidad de Madrid como la empresa adjudicataria Tragsa «se pasan la pelota y nadie se ha sentado a resolver nuestras reivindicaciones», tanto salariales como de protección de la salud.
Salarios bajos, falta de pluses y un plan de protección
El 80% del operativo cobra «unos 1.300 euros netos. Unos un poco menos y los ingenieros, que son los mandos, un poco más». Durante todo el año trabajan unas 300 personas y en verano llegan a 500, pero «está costando mucho encontrar a gente que quiera trabajar aquí. Actualmente hay un 9% de plazas sin cubrir».
No tienen reconocido «ningún plus de peligrosidad, ni de penosidad, ni toxicidad», y reivindican un plan de protección contra agentes cancerígenos procedentes «de la exposición al humo, a la combustión de vegetales y todo tipo de materiales» cuando el fuego llega a instalaciones, así como en las quemas preventivas en invierno, explica.
Está demostrado que «la exposición al humo puede reducir en 10 años la vida de una persona». Aunque hay una ley estatal de protección contra agentes cancerígenos, «no se nos está aplicando. De hecho la Inspección de Trabajo ya le dio un toque a la Comunidad y a Tragsa» al respecto.
También piden el fin de la temporalidad, que «no haya un 40% de la plantilla que vaya a la calle al final del verano y que pasen a trabajar todo el año en tareas de prevención que se realizan en invierno».
El sindicato reclama, además, que se aplique la ley estatal del 8 de noviembre de 2024, del Estatuto básico del Bombero forestal, que «no está aplicando ninguna comunidad, salvo Galicia».
Su aplicación supondrá cambiar la actual denominación de Brigada Forestal, y «al menos de cara a la Seguridad Social, esta ley reconoce el encuadramiento profesional», tanto para las enfermedades profesionales como para aplicar coeficientes reductores que «anticipen la edad de jubilación y que no haya mayores de sesenta años en primera línea de fuego».
Sin mesa de negociación
«Llevamos desde febrero pidiendo una reunión oficial a la Comunidad sin respuesta. Con Tragsa hemos tenido el último comité de empresa ordinario el 2 de agosto, pero no habido mesa de negociación en ningún momento», añade Villanueva.
Desde que empezó la huelga, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior estaría apremiando a Tragsa para resolver el conflicto, sin resultados por el momento.
«Pedimos una reunión a tres, con Tragsa y la Comunidad de Madrid, que si bien no decide, es la que presupuesta el servicio, la que decide si hay temporalidad o no, y si se aplica o no la Ley estatal del Bombero Forestal».
Pérdida de poder adquisitivo estimada de un 35%
La Comunidad es también «la titular de nuestros centros de trabajo que no cumplen la ley de protección ante agentes cancerígenos», y debe poner en marcha un plan de adecuación de las instalaciones para el proceso de descontaminación de la ropa y el equipo de protección individual (EPI).
A su vez, Tragsa es la que «paga las nóminas y debe negociar un convenio» que sustituya al de 2008-2012 para recuperar la pérdida de poder adquisitivo, estimada en casi un 35 % desde entonces, así como una revisión del régimen de descansos y las medidas de conciliación.
Las reivindicaciones «se dirigen a las dos partes, sobre todo a la Comunidad», porque la competencia en última instancia es suya desde hace más de 40 años.
«Nuestro servicio está integrado en la Agencia de Seguridad y Emergencias» de la Comunidad, que en 1997 adjudicó la prestación del mismo primero a empresas privadas y desde 2022 a la empresa pública Tragsa, concluye. EFE