València (EFE).- La vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha lamentado este miércoles que el Gobierno de España «utilice la política migratoria con fines partidistas» y traslade a las autonomías «una responsabilidad que no es nuestra sino del Estado».
Camarero ha manifestado asimismo, en rueda de prensa, que espera esta tarde, en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, poder «debatir y trabajar con seriedad una cuestión que es de Estado y que debería estar al margen del partidismo y del interés por sacar rédito político».
Ha puntualizado que en la reunión no se va abordar «en ningún caso» el reparto de menores procedente de Canarias, y ha aclarado que el punto a tratar es el reparto de 20 millones de euros entre las comunidades autónomas, acordado en 2022, que corresponde a 2023, informa la Generalitat.
Sobre este aspecto, ha insistido en la necesidad de «revisar y actualizar» las condiciones aprobadas en 2022, ya que ha considerado que la financiación que aporta el Gobierno por menor «no es suficiente» y ha exigido que se pague «por el coste real que cada comunidad gasta».
Política de estado
Camarero ha recordado que la política migratoria «es una política de Estado», y por tanto «debería haber salido de los focos mediáticos y no haber provocado las tensiones de las últimas semanas», al tiempo que ha reprochado al Gobierno central que «utilice la crisis migratoria de Canarias para hacer política».
Así, ha pedido al Ejecutivo que explique esta tarde «su política migratoria» y que traslade la hoja de ruta a seguir y lo que ha hecho en los últimos años, y en concreto, en los últimos 9 meses, «para frenar esta catástrofe humanitaria de llegada masiva de migrantes».
También ha instado al Gobierno a que exponga cómo trabaja con la Unión Europea para atender la crisis de llegada de migrantes a España que contrasta, ha dicho, con la reducción de los migrantes en Italia y Grecia.
Reagrupación familiar de menores
Respecto a la reagrupación familiar de los menores, la vicepresidenta segunda también ha cuestionado las acciones y medidas del Gobierno central y ha recordado que el interés superior del menor «lleva a hacer lo posible para que estén con sus familias y no en un centro».
Asimismo, se ha preguntado «qué políticas» sigue la Administración central para trabajar esta cuestión con los países de origen y qué medidas va a emprender para ayudar a los menores en el momento de su emancipación, cuando cumplan 18 años.
Para poder alcanzar un consenso, Susana Camarero ha apelado al diálogo para diseñar una planificación responsable y ha considerado imprescindible que el Gobierno de España reconozca el esfuerzo que están haciendo las comunidades autónomas en los últimos meses acogiendo menores, ya que «el propio Gobierno permite que entren entre cupos de adultos».
Debate sosegado
A su juicio, «no se trata de un problema de solidaridad por parte de las autonomías, sino de la falta de gestión del Ejecutivo que no se ha molestado en interesarse por la situación real de los recursos que tenemos y no ha ayudado a crear otros nuevos, ni ha propiciado un debate sosegado».
Según ha informado, durante los últimos 9 meses han sido reconocidos unos 80 menores y el coste de enero a junio de los que han llegado alcanza los 3,7 millones de euros, lo que supone 7 millones hasta final del año. «Es una falta de respeto, por tanto, que se tilde de insolidarias a las comunidades autónomas», ha subrayado la vicepresidenta.
«Esta situación nos ha obligado a hacer contratos de emergencia para ampliar plazas concertadas y el Gobierno sigue sin reconocerlos, a pesar de que estamos a una capacidad del 170 % del sistema», ha incidido.
Por esta razón, Camarero ha antepuesto el interés de los menores «que merecen la misma dignidad que los que se encuentran en Canarias, Ceuta o Melilla» y ha reclamado recursos para «poder atenderlos como merecen».
Ha mostrado asimismo su disconformidad con el trato del Gobierno central a las comunidades autónomas «en función del color político» y ha señalado que las que son socias del Gobierno de España, como Cataluña y País Vasco, sin esperar a la conferencia «han manifestado su negativa a recibir menores y no sufren esta presión».
Por último, ha trasladado a Canarias su solidaridad y ha reiterado que para atajar esta cuestión es necesario que el Gobierno central «ofrezca a los canarios y al resto de España una hoja de ruta sobre su política migratoria».