València (EFE).- El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha asegurado este martes que «la excepcional pérdida de vidas humanas» que provocó la dana del pasado 29 de octubre «ha puesto de manifiesto el fracaso de la Administración en la protección del derecho a la vida».
Acompañado de la adjunta primera, Concha Bru, y del segundo, Carlos Castillo, Luna ha presentado en Les Corts su Informe Anual 2024, en el que critica la falta de cooperación y lealtad institucional entre los responsables de las Administraciones Públicas para afrontar la catástrofe, que deja 227 víctimas mortales y una mujer desaparecida.
En la rueda de prensa ofrecida posteriormente, Luna ha destacado que la deriva de confrontación que se vive, no solo en España, «se manifiesta con toda su crudeza en situaciones de catástrofe, donde lo primero que hay pensar es en colaborar y no en establecer relaciones tensas o difíciles».
En este sentido, ha considerado «importante» centrarse en la reconstrucción del territorio afectado por la dana, pero también ha reclamado «una reconstrucción de los comportamientos políticos de la gente que está al frente de las instituciones».
Ángel Luna también ha censurado la falta de solidaridad y lealtad entre los responsables de las diferentes Administraciones para afrontar la catástrofe.
«Creo que es muy importante que a partir de ahora nos centremos mucho en la labor de reconstrucción de las zonas afectadas, pero yo creo que hay que reclamar también una reconstrucción de los comportamientos políticos de la gente que está al frente de las instituciones», ha agregado.
«Si no hay colaboración, hay fracaso»
Posteriormente, también se ha referido a que el autonómico es «un Estado compuesto con competencias a diferentes niveles, y si no hay colaboración, hay fracaso. No hay otra alternativa, o colaboración o fracaso. Y el fracaso lo están empezando a tener claro los ciudadanos».
Según ha asegurado Luna, el defensor autonómico, en el ejercicio de sus funciones, habría investigado cómo se gestionó la emergencia, pero la Ley del Síndic no permite que intervenga si ya hay acciones judiciales en curso, pero ha advertido de que quedan actuaciones e inactividades administrativas que deben ser analizadas.
Luna ha señalado que «la extrema polarización política que se ha instalado en nuestras instituciones resulta fatal en momentos en que se necesitan esfuerzos coordinados y generosos».
«La falta de coordinación entre administraciones, junto con una especie de carrera por visibilizar las diferentes ayudas, ha causado confusión y desasosiego en la ciudadanía, obligando a los afectados a lidiar con trámites innecesarios y contradictorios. Es inaceptable que, en momentos de crisis, las administraciones no trabajen juntas de manera efectiva», ha afirmado el defensor.