València, (EFE).- El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha calificado de «extorsión» y un «fracaso del nacionalismo» la posibilidad de sancionar a las empresas que no regresen a Cataluña, y ha advertido de que el Gobierno valenciano interpondrá un recurso de inconstitucionalidad si esta medida sale adelante.
Mazón, en declaraciones a los periodistas tras asistir a la intervención de la alcaldesa de València, María José Catalá, en un desayuno informativo organizado por Fórum Europa-Tribuna Mediterránea, ha manifestado: «cuando alguien fracasa tiene dos opciones: reconocer su fracaso o intentar recurrir a la extorsión».
«Ratificar el nacionalismo»
A su juicio, si se confirma que el Gobierno de España y los partidos que le sustentan «están dispuestos a extorsionar e incumplir la Constitución, a incumplir la libertad de movilidad de personas, mercancías y empresas, lo único que vamos a conseguir es ratificar que el nacionalismo ha fracasado y ya solo les queda la extorsión».
La Generalitat defenderá a las empresas
La Generalitat, ha añadido, va a defender a «las 974 empresas que ya son de la Comunitat Valenciana, para su estabilidad, para su crecimiento y para su desarrollo».
Mazón ha informado asimismo de que los «mecanismos legales de la Generalitat Valenciana ya están alertados preventivamente para incluso, en su caso, interponer de manera urgente e inmediata un recurso de inconstitucionalidad», si la propuesta de Junts sale adelante.
«No vamos a permitir que se extorsione o que se multe ilegalmente a empresas que ya son valencianas», ha insistido, y ha informado de que la Generalitat va a poner en marcha un plan de estabilización y de apoyo a las empresas que han llegado a la Comunitat.
Asimismo, ha hecho un llamamiento a las empresas catalanas que buscan «un espacio de confort de reducción administrativa, burocracia cero, de bajos impuestos y un entorno amable y positivo» a que «vengan a la Comunitat Valenciana».
Contactos con las empresas
Mazón ha asegurado que en los últimos días ha incrementado su agenda y contactos personales con las principales empresas, no solo financieras, y muchas entidades que desde Cataluña se han implantado en la Comunitat Valenciana, y están resultado «muy fructíferos» y «satisfactorios» para su permanencia en la región, desarrollo e incluso para la llegada de nuevas.
«Mi sensación es muy positiva», ha añadido, aunque no ha querido citar nombres para evitar «ponerlas en una peor situación» ante las amenazas y extorsión.
Ha aseverado además que todas las empresas y las grandes entidades con las que están hablando les «trasladan su confianza, su satisfacción y sus deseos, no solamente de mantenerse, sino de seguir creciendo».
Al respecto también se ha pronunciado la alcaldesa de València, María José Catalá, quien considera que la medida propuesta por Junts «se salta todas las líneas rojas de nuestro país» y es «un insulto a la Constitución española».
«Es ilegal e inconstitucional», ha insistido Catalá, que ha defendido «la libertad de los españoles para venir, casarse o desarrollar su proyecto empresarial donde quiera»
La alcaldesa ha añadido que está «totalmente alineada» con la Generalitat en la defensa de cualquier empresa instalada en la ciudad.