Bruselas (EFE).- La Comisión Europea decidió este miércoles no abrir un expediente por déficit excesivo a España pese a haber cerrado el pasado año con un desvío presupuestario del 3,6 %, seis décimas por encima del límite que establecen las reglas fiscales.
Bruselas ha concluido que no está justificado lanzar un expediente porque el desvío, pese a no estar cerca del umbral de referencia, es temporal y se reducirá al 3 % este año y al 2,8 % en 2025, según sus previsiones.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ya adelantó esta misma mañana en el Congreso de los Diputados que España no estaría incluida en los países a los que la Comisión abre un procedimiento por déficit excesivo.
Aprovechando una pregunta parlamentaria, Sánchez calificó este hecho como una «extraordinaria noticia» e insistió en que su Gobierno está «expandiendo la economía», haciendo crecer el país, creando empleo y consolidando las cuentas públicas.
España evita tener que acometer el ajuste fiscal
Con la decisión de la Comisión, España evita así tener que acometer el ajuste fiscal mínimo del 0,5 % del PIB al año (7.300 millones de euros) que habría exigido Bruselas en caso de expediente, aunque tendrá que ir reduciendo progresivamente el desvío presupuestario.
«La Comisión Europea, en todo caso, seguirá monitorizando la evolución presupuestaria en España y reevaluará la situación en otoño», dijo el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, en una rueda de prensa.
El Ejecutivo comunitario retomó este miércoles los expedientes fiscales tras cuatro años suspendidos por la pandemia y la guerra en Ucrania, destinados a asegurar que los países que superan los límites de déficit y deuda pública que fijan los Tratados, del 3 % y el 60 % del PIB, respectivamente, hacen ajustes para corregir sus desvíos, so pena de sanciones si no actúan.
Bruselas expedienta a siete de los miembros
La Comisión Europea abrirá expedientes por déficit excesivo a Francia, Italia, Bélgica, Polonia, Hungría, Eslovaquia y Malta por haber superado el límite del 3 % del PIB que marcan las reglas presupuestarias de la UE, lo que les obligará a realizar ajustes en los próximos años para corregir sus cuentas.
El Ejecutivo comunitario, en cambio, ha decidido este miércoles no iniciar el mismo procedimiento contra España, República Checa, Estonia, Eslovenia y Finlandia, pese a que también superaron en 2023 dicho umbral, bien porque sus déficit están cerca del 3 % o porque han acometido reducciones sustantivas en los últimos años y se prevé que lo sitúen pronto por debajo.
Bruselas ha llegado a esta conclusión tras haber analizado la situación particular de cada uno de estos doce Estados miembros, que son los que cerraron el pasado ejercicio fiscal con una diferencia entre gastos e ingresos públicos superior al 3 % del PIB.
En el caso de Francia, ha sido apercibida por la Comisión Europea después de cerrar 2023 con un déficit del 5,5 %. Además, las últimas previsiones del Ejecutivo comunitario anticipan correcciones leves este año y en 2025, hasta el 5,3 % y el 5 %, respectivamente.
«Altos riesgos» para sostenibilidad de deuda pública de España
En el caso de España, el Ejecutivo comunitario ha fundado su decisión en el esperado descenso del déficit este año y el próximo, pese a que no se cumplía el criterio de que en 2023 estuviese próximo al 3 % de referencia, es decir, como mucho cinco décimas por encima.
«Puesto que no se requerirá un ajuste fiscal adicional para que España lleve su déficit por debajo del valor de referencia, iniciar un procedimiento por déficit excesivo en este momento no tendría ningún propósito útil», dice la Comisión, que advierte a renglón seguido de que continuará vigilando la situación presupuestaria española.
El informe recuerda que existen «altos riesgos a medio plazo» para la sostenibilidad de la deuda pública, un factor que se considera clave al evaluar el desempeño fiscal de los países.
Bruselas prevé que la deuda vuelva a repuntar
La deuda española (107,7 % del PIB el año pasado) supera con creces el límite del 60 % y, pese a que se reducirá en los dos próximos años, hasta el 104,8 % en 2025, Bruselas prevé que vuelva a repuntar y dentro de una década siga en el 113 %.
El Ejecutivo comunitario advierte además de que, según sus previsiones, el gasto neto primario aumentará un 3,8 % en 2024, por lo que hay «riesgo» de que incumpla la recomendación que fijó un incremento máximo del 2,6 %.
Bruselas ha valorado, por otra parte, que la inversión pública en defensa haya aumentado dos décimas porcentuales con respecto a 2019, hasta el 0,4 % del PIB en 2022, un factor que las nuevas reglas fiscales consideran atenuante al decidir si se abre expediente.
Reacciones
Fuentes del Ministerio de Economía confirmaron que el Ejecutivo comunitario ha tenido en cuenta en particular la «reducción sustancial y continúa» del déficit puesto que, si bien en 2023 se rebasó el límite, el objetivo del procedimiento es instar a correcciones y en el caso de España «no es necesario» porque ya está previsto que cumpla.
Consideran que al renunciar a abrir el expediente, Bruselas «avala la gestión fiscal responsable y la consolidación del modelo de crecimiento equilibrado a través de las reformas de los últimos años».
España sortea de esta forma un ejercicio de vigilancia reforzada sobre las cuentas públicas que ya tuvo abierto durante una década, tras la crisis financiera de la década pasada. Bruselas inició aquél expediente en 2009, cuando el déficit español alcanzó el 11,3 %, y lo cerró en 2019, cuando el desvío se había reducido al 3,1 %.
El momento más delicado de esta etapa fue en 2016, cuando la Comisión Europea amenazó incluso con multar a España, entonces bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, por incumplir la senda pactada con las autoridades comunitarias, que finalmente perdonaron la sanción y también la posible congelación de fondos regionales.
Pide abordar los retrasos con fondos y aprobar reforma fiscal
La Comisión Europea apremió este miércoles a España a abordar los «retrasos emergentes» en la ejecución del plan de recuperación con el objetivo de completar todos los compromisos antes de que expire en 2026 y a adoptar la reforma fiscal incluida en el mismo.
«Para cumplir con los compromisos del plan en agosto de 2026, es esencial que España continúe implementando las reformas y acelerando las inversiones abordando los retrasos emergentes al tiempo que asegura una capacidad administrativa fuerte», señala el texto de recomendaciones que la Comisión Europea ha publicado hoy.
Bruselas hace este llamamiento justo una semana después de dar su visto bueno a un cuarto desembolso a España que llegó un año después de lo previsto por las demoras acumuladas tras la convocatoria electoral del verano pasado y las dificultades para aprobar la reforma del subsidio de desempleo.
Una vez completado este pago, España habrá recibido aproximadamente el 60 % de las subvenciones previstas (unos 48.000 millones de los 79.854 millones en ayudas), pero apenas un 30 % de todos los fondos si se tienen en cuenta también los créditos disponibles (83.000 millones).
Así, el Ejecutivo comunitario subraya que «el tamaño y la complejidad» del plan español «exige acciones específicas para garantizar que las reformas e inversiones pueden ser completadas a tiempo» y añade que «lo mismo sucede con los retos vinculados a la capacidad de absorción» de los fondos.
