Andorra la Vella (Andorra) (EFE).- El Tribunal de Corts de Andorra ha condenado a penas de hasta siete años de cárcel a 18 exdirectivos y exgestores de la Banca Privada d’Andorra (BPA) por facilitar el blanqueo de capitales del empresario chino Gao Ping, en la primera sentencia derivada de la intervención de la entidad.
Según ha informado el Tribunal de Corts de Andorra, la sentencia impone siete años de cárcel y una multa de 30 millones de euros al que fuera consejero delegado de la entidad Joan Pau Miquel, que queda inhabilitado para trabajar en establecimientos bancarios o financieros por un plazo de diez años, y seis años de prisión y 12 millones de multa al exdirector adjunto Santiago de Rosselló.
En su sentencia, que condena a 18 de los 24 procesados, el tribunal da por probado que el BPA facilitó una estructura para facilitar el blanqueo de capitales de dinero procedente de actividades delictivas vinculadas al empresario Gao Ping, en la primera causa derivada de la intervención de la entidad por parte de las autoridades andorranas.
Presiones de la «policía patriótica»
El BPA, donde los Pujol tuvieron su fortuna oculta, fue intervenido a raíz de un informe del Departamento Antifraude de Estados Unidos (FinCen) que acusaba a la entidad de blanquear dinero procedente del crimen organizado de Rusia, China y Venezuela.
Poco antes de la intervención, la familia Cierco, que era propietaria del BPA, aseguró que recibió presiones de la llamada ‘policía patriótica’ para que facilitara información bancaria de la familia Pujol y de otros líderes independentistas catalanes.
De hecho, la publicación de un «pantallazo» de una cuenta que la familia Pujol tenía en el BPA el 7 de julio de 2014 precipitó la confesión del expresidente catalán, que desveló en una carta que su familia había mantenido ocultos fondos en Andorra durante décadas.
Esas supuestas coacciones se investigan en otra causa abierta por la justicia andorrana, que tiene en el punto de mira al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy a raíz de una querella de los Cierco -a la que después se sumaron los Pujol- que mantiene que el Ejecutivo del PP envió información falsa al FinCEN para que emitiera su informe sobre el blanqueo de capitales.
Los Cierco mantienen también que el Gobierno de Rajoy intimidó después al exjefe del Ejecutivo andorrano para que liquidara la entidad financiera.
Entre prisión condicional y 7 años de cárcel
La sentencia impone penas que oscilan entre los tres años y medio de prisión incondicional y los siete años de cárcel, con multas que se mueven entre los 15.000 euros y los 30 millones, además de inhabilitación para el ejercicio de oficio o cargo en establecimiento bancario de entre cinco y diez años.
Para algunos de los condenados, que no tienen la nacionalidad andorrana, la sentencia acuerda su expulsión del Principado durante un período de diez años.
Además del exconsejero delegado y el exdirector del BPA, han sido condenados por un delito mayor de blanqueo de capitales, con las circunstancias específicas de habitualidad y actuación en el marco de establecimiento bancario, la responsable de cumplimiento normativo Isabel Camino y los gestores Amaya de Santiago y Sergi Fernández.
La sentencia, de 6.810 folios y que no es firme, pone fin a un largo proceso judicial con una vista de 195 días que finalizó hace veinte meses.