São Paulo (EFE).- La gestora de fondos de inversión brasileña REAG Investimentos, una de las mayores del país, está entre los objetivos de una operación policial lanzada este jueves para investigar un complejo esquema de lavado de dinero del crimen organizado.
REAG Investimentos, cuyas acciones se cotizan en la bolsa de São Paulo y que dice administrar casi 300.000 millones de reales (unos 55.000 millones de dólares), reconoció en un comunicado que la Policía cumplió órdenes de búsqueda y registro en su sede, ubicada en el corazón financiero de la ciudad brasileña.
Además, la empresa señaló en un mensaje dirigido a sus accionistas que colabora «integralmente» con las autoridades, a quienes está proporcionando las informaciones y documentos solicitados, y que permanecerá a disposición para realizar aclaraciones adicionales en caso de ser necesario.
Tras conocerse la noticia de las investigaciones, sus acciones se desplomaron un 15,69 % durante la jornada en la bolsa.
El esquema que investiga Brasil
Fundada en 2012 por el empresario João Carlos Mansur, la gestora reportó ganancias de 3.800 millones de reales (unos 700 millones de dólares) en el tercer trimestre de 2024, un 10 % menos que en el mismo periodo del año anterior, según los últimos resultados divulgados.
Sin mencionar específicamente a REAG Investimentos, el Ministerio de Hacienda informó en una rueda de prensa que identificó hasta 40 fondos de inversión inmobiliarios y multimercado, con un patrimonio total de 30.000 millones de reales (unos 5.500 millones de dólares), que estaban «controlados» por la organización criminal.
Los fondos reinvertían dinero de origen ilícito, previamente lavado a través de una red de un millar de gasolineras, con el fin de «blindar» el patrimonio de la facción, que los medios brasileños identifican con el poderoso Primeiro Comando da Capital (PCC).
El auditor de Hacienda Cláudio Ferrer afirmó que Faria Lima, la avenida de São Paulo donde se concentran las principales instituciones financieras del país, «no tiene un problema con el crimen organizado», pero que hubo una «contaminación puntual en algunas administradoras de recursos».
Entre las propiedades adquiridas por los fondos figuran una terminal portuaria, cuatro fábricas de alcohol, 1.600 camiones de transporte de combustibles y más de 100 inmuebles, que incluyen seis plantaciones y una lujosa residencia en la playa.
Las autoridades afirmaron que hay «indicios» de que los gestores de los fondos eran «conscientes» de la naturaleza ilícita de los recursos invertidos.
La Justicia determinó el embargo de 21 de los fondos investigados, así como el bloqueo de 1.000 millones de reales (unos 180 millones de dólares) en bienes.