Paneles solares. EFE/ Raúl Caro.

EEUU ratifica un laudo de 40 millones contra España por recortar las primas de renovables

Madrid (EFE).- Un tribunal estadounidense ha confirmado la validez del laudo arbitral dictado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) contra España, que condena al Estado a pagar 40,2 millones de euros por los recortes retroactivos a las energías renovables.

Esta resolución del Tribunal de Distrito de Columbia (EE. UU.) en el caso Cube Infrastructure supone la quinta sentencia consecutiva contra España en tribunales estadounidenses, después de los fallos favorables a Eurus (Toyota), Infrastructure Services (Antin), RREEF e Infrared.

En todos ellos, los jueces han rechazado los argumentos del Gobierno y han avalado la ejecución de las indemnizaciones, según destacan en un comunicado fondos de inversiones afectados por ese recorte de primas, con Blasket renewable Investment a la cabeza.

El caso Cube

El caso Cube se remonta a 2015, cuando la compañía —inversora en tres plantas fotovoltaicas y distintas instalaciones hidroeléctricas en España— inició un arbitraje ante el CIADI por las modificaciones normativas que alteraron el régimen retributivo.

En 2019, el tribunal del Banco Mundial reconoció su derecho a ser indemnizada con 33,7 millones de euros, más 3 millones en intereses de demora y 3,5 millones en costas, hasta un total de 40,2 millones.

Con la ratificación de la Justicia estadounidense, Cube puede solicitar ahora embargos cautelares o definitivos sobre bienes del Estado español en EE. UU. y otras jurisdicciones.

España acumula 26 laudos impagados

España acumula 26 laudos impagados, el mayor número a nivel mundial, con indemnizaciones que superan los 1.492 millones, más 390 millones en intereses y sobrecostes.

En los últimos años ya se han ejecutado medidas sobre activos españoles en el extranjero, como los pagos de Enaire a través de Eurocontrol o la sede del Instituto Cervantes en Londres.

Las empresas afectadas advierten en un comunicado de que, si no se alcanzan acuerdos similares al firmado en junio con la japonesa JGC, España se expone a una escalada de litigios y embargos que comprometan su reputación internacional.