Río de Janeiro (EFE).- Unos 5.700 empleados de tres plantas de la multinacional japonesa Toyota en el estado brasileño de São Paulo aprobaron este domingo la suspensión provisional y en carácter de emergencia de sus contratos, tras el vendaval del pasado lunes que destruyó la fábrica de motores de la empresa.
La medida de emergencia, que permite a la empresa suspender operaciones provisionalmente y le garantiza la estabilidad laboral y los beneficios a los empleados mientras la misma esté en vigor, se aprobó por mayoría en una asamblea extraordinaria de los trabajadores, informaron fuentes sindicales.
Según el Sindicato de Metalúrgicos de Sorocaba, al que están adscritos los empleados de Toyota en São Paulo, la suspensión provisional se aprobó por el 96,3 % de los 3.709 trabajadores que participaron en la asamblea.
La medida la propuso el propio fabricante de automóviles debido a que el vendaval causó graves daños en la planta de Porto Feliz, municipio en donde Toyota produce los motores para los vehículos que fabrica en las otras plantas.
La multinacional japonesa cerró provisionalmente la fábrica de motores y admite que aún no tiene previsión de cuánto tiempo necesitará para ponerla a funcionar de nuevo.
Las medidas de Toyota para enfrentar la crisis en Brasil
Sin motores para los nuevos vehículos, Toyota también suspendió las operaciones en las dos fábricas de automóviles que tiene en Sorocaba e Indaiatuba, igualmente municipios en el interior del estado de São Paulo y en donde produce los modelos Corolla, Corolla Cross, Yaris e Hilux.
Toyota inicialmente le concedió vacaciones colectivas a sus empleados en las tres plantas hasta el 21 de octubre, cuando comenzará a regir la suspensión provisional de los contratos, que, según la legislación laboral, puede durar entre 60 y 150 días.
En ese período, y mientras estén cerradas las fábricas, todos los empleados tendrán que participar en cursos de calificación.
Durante el período de suspensión de contratos, los trabajadores que ganan mensualmente hasta 10.000 reales (unos 1.870 dólares o 1.600 euros) recibirán integralmente sus salarios, parte de los cuales los garantizará el Gobierno y el restante la empresa.
Además de la garantía de que no serán despedidos, los empleados tendrán derecho a los demás beneficios, como seguro de salud, subsidio de alimentación y participación en los beneficios.
La suspensión temporal de los contratos está prevista en la legislación laboral y permite a las empresas paralizar operaciones o reducir la jornada para no tener que recurrir a despidos en masa en casos de una situación de emergencia o de una crisis económica.