Madrid (EFE).- El Ministerio de Igualdad ya ha instalado dispositivos de seguimiento telemático a agresores sexuales excarcelados por la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, según ha anunciado este miércoles la delegada del Gobierno Contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.
En una comparecencia institucional donde ha informado de los datos de violencia machista de 2022, Rosell ha avanzado que «los dispositivos que se han solicitado por orden judicial se encuentran todos instalados», aunque no ha querido detallar el número concreto «por la seguridad de las víctimas».
El pasado 17 de enero, Igualdad anunció que en diciembre dio instrucciones al centro encargado de gestionar las alertas, a la Fiscalía y al Consejo General del Poder Judicial para atender en 24 horas a las mujeres que pidieran dispositivos telemáticos de control de sus agresores cuando estos vean recortada su pena de prisión en aplicación de la ley del solo sí es sí.
Esta es una de las medidas que incluye la norma, donde se estipula la ampliación del uso de estos dispositivos no solo para víctimas de violencia de género -cuyos agresores son parejas o exparejas-, sino también para otros tipos de víctimas de violencia machista, siempre que sus agresores tengan penas de alejamiento pendientes y la instalación de la pulsera se haga por orden judicial.
Rosell ha expresado que medidas como esta pretenden «cerrar la brecha de protección que había entre una violencia y otra» y ha hecho hincapié en otros puntos de la ley que apuntan en esta dirección.
Es el caso de la disposición final cuarta, que modifica el artículo 36 del Código Penal para impedir el acceso del agresor al tercer grado penitenciario hasta que no haya cumplido la mitad de la condena y si no hay un informe acerca del aprovechamiento por el reo del programa de tratamiento para condenados por agresión sexual.
«Este punto retrasa la puesta en libertad», ha subrayado Rosell, quien también apostilla que tras la excarcelaión de estos presos «siempre debería estar vigente una orden de alejamiento» de entre 1 y 10 años de duración posteriores a la pena de prisión.
La delegada del Gobierno ha reconocido que «estamos en un momento difícil de impacto de una nueva ley sobre un viejo sistema», lo que causa «desajuste», aunque se ha mostrado convencida de que las mujeres «saben que, pese a las voces que intentan borrar los logros de esta ley, van a estar más seguras antes, durante y después del proceso».
«Más mujeres van a denunciar y en principio deberían producirse más condenas y más eficaces», ha aseverado Rosell, quien defiende que las víctimas «van a recibir más atención psicológica, jurídica, social, y más reparación, además de sufrir menos revictimización dentro del proceso».
49 mujeres asesinadas en 2022
Igualdad ha presentado los datos provisionales de violencia de género de 2022, año en el que 49 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, dos menores perdieron la vida a manos de sus padres, y 38 niños quedaron huérfanos.