Bruselas (EFE).- La Comisión Europea está en contacto con el PSOE y el PP para una nueva reunión sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), confirmó este jueves el portavoz comunitario de Justicia Christian Wigand.
«Ayer recibimos una petición para una reunión», señaló Wigand en la rueda de prensa diaria de la Comisión.
«Estamos viéndolo y en contacto con ambas partes sobre esto», añadió.
El portavoz no quiso pronunciarse sobre la posibilidad de que el Gobierno tome medidas de manera unilateral en el caso de que no sea posible un acuerdo con el PP antes de julio, como anunció esta semana el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
«No tenemos ningún comentario particular sobre las discusiones en España entre las partes o los anuncios», indicó Wigand, que remitió a la posición que Bruselas mantiene desde hace tiempo y que ha expresado en repetidas ocasiones sobre la necesidad de que España renueve y reforme el Consejo General del Poder Judicial, recogido en las últimas ediciones del informe anual sobre el Estado de derecho.
Esa posición «sería la base para esas discusiones», indicó el portavoz.
PP y PSOE, dispuestos a una nueva reunión
Tanto PP como PSOE se han mostrado dispuestos a una nueva reunión del ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, y la vicepresidenta de la Comisión Europea Vera Jourova sobre la reforma del CGPJ, para la que desde Madrid se había planteado como fecha posible este viernes.
No obstante, tanto la vicepresidenta comunitaria tiene previsto acudir mañana a Luxemburgo para un Consejo de Justicia, mientras que Bolaños está convaleciente de su intervención de apendicitis.
Fuentes comunitarias apuntaron que «para que una reunión sea efectiva haría falta algún tipo de propuesta» por ambas partes.
Ultimátum de Sánchez
Los contactos en busca de una fecha para esa reunión llegan después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, diera un ultimátum al PP para acordar la renovación del CGPJ en el mes de junio, ya que, si no lo hace, planteará una reforma legal que ha apuntado que puede afectar a la facultad de nombrar magistrados.
Marlaska se pronuncia sobre la renovación del CGPJ
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que asiste este jueves a un Consejo de ministros europeos de su cartera en Luxemburgo, aseguró que si finalmente el PSOE procede en solitario a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por no llegar a un acuerdo con el PP, las medidas que se adopten respetarán los principios y valores de la Constitución.
La cuestión de la reforma «se ha eternizado ya demasiado», dijo el ministro a su llegada a un Consejo de ministro europeos de Interior.
«Se tomaran las medidas oportunas para garantizar esa renovación, siempre con respeto a los principios y valores constitucionales». añadió.
«El Gobierno está preparado para tomar las disposiciones necesarias y precisas para que la renovación del CGPJ sea realidad inmediatamente», señaló Grande-Marlaska.
«Si se tienen que asumir modificaciones de competencias del CGPJ, como competencias en la elección del Supremo o de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia (…) se estudiarán, se analizarán y valorarán. Lo principal y preciso es el respeto a las instituciones después de más de 2.000 días con una voluntad obstativa por parte del PP», señaló.
Guilarte pide evitar cualquier influencia del Gobierno
Por su parte, el presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, ha defendido que los nombramientos de los altos cargos judiciales deben seguir siendo competencia del Consejo General del Poder Judicial dejando claro que «no es en ningún caso admisible propiciar cualquier zona de influencia del Gobierno» en ellos.
Guilarte ha remitido hoy a las presidencias del Congreso y del Senado su propuesta actualizada de modificación del sistema de nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo, de cargos gubernativos del Poder Judicial y de designación de los vocales del órgano de gobierno de los jueces.
Lo ha hecho en respuesta al ultimátum de Sánchez al PP para acordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial antes de terminar el mes, ya que, si no lo hace, planteará una propuesta para el desbloqueo, que pasa por revisar la potestad del Consejo de realizar los nombramientos de las altas instancias judiciales del país para hacerla «más objetiva y más transparente».
En su respuesta al líder del Ejecutivo, Guilarte destaca que su mensaje «abre la puerta a la esperanza» y le da la bienvenida al «círculo» de quienes creen que el problema radica en la fórmula de elección de los altos cargos judiciales y consideran necesario someterlos a los principios de mérito y capacidad, porque hoy está «viciada de discrecionalidad».
No es admisible propiciar cualquier influencia del Gobierno
Advierte de que los nombramientos «deben persistir residenciados en el CGPJ por imperativo de la lógica constitucional más elemental asentada» en la Carta Magna y añade que «no es en ningún caso admisible propiciar cualquier zona de influencia del Gobierno, sea directamente o se enmascare a través de organismo o comisión interpuesta».
En este sentido, recuerda que con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Poder Judicial los nombramientos se efectuaban por el Ministerio de Justicia.
Fórmula intermedia
Guilarte propone para el futuro una fórmula intermedia en el funcionamiento del CGPJ que evite «la inevitable discrecionalidad actual» modificando tanto la fórmula de selección respecto de cargos gubernativos como de nombramientos de magistrados del Supremo.
En su opinión, para los cargos gubernativos deberían decidir todos los miembros de la carrera judicial del territorio respectivo, es decir, aquellos sobre los que el Tribunal, Audiencia o Sala tenga competencias gubernativas, y los candidatos tendrían que presentar un programa de actuación sobre la mejora en su caso del órgano.
En el caso del Supremo, se trataría de que los nombramientos los hiciera una comisión cualificada, mayoritariamente compuesta por vocales y por magistrados del Supremo, presidida por un vocal magistrado de ese tribunal, si lo hay, o especialista en la materia, si lo hay.
También considera que los más de 100 nombramientos pendientes por el CGPJ -que tiene limitada esa función al no haberse renovado- deben hacerse con el nuevo sistema, valorando el principio de mérito y capacidad.
Con el actual sistema, advierte, «el ingente número de cargos vacantes fatalmente acaecería el denostado ‘cambio de cromos’, conforme a criterios ‘políticos’, perturbador para la percepción como independientes de los así designados».
Pide que se evite cualquier «contaminación política»
En cuanto al modelo de elección, propone que, de mantenerse el sistema de elección parlamentaria de los jueces (12 de los 20 miembros) que integran el CGPJ, se evite cualquier «contaminación política» de los elegidos, pero también sugiere pasar a un sistema de elección directa por parte de los jueces.
En el turno de juristas (los otros 8 vocales), quiere que se apueste por perfiles de verdadero prestigio profesional y plantea una fórmula para evitar la politización: «La introducción de causas de inelegibilidad» como haber sido en los años anteriores miembros de gobiernos central o autonómicos o cargos políticos que se determinen, como alcalde, presidente autonómico, secretario de Estado, director general, etc.).