Palma (EFE).- El Consejo Consultivo de Baleares ha avalado que el Servicio Salud autonómico haya declarado nula la compra de mascarillas por 3,7 millones de euros durante la pandemia por parte del Govern que presidía Francina Armengol a la empresa Soluciones de Gestión, investigada por la Audiencia Nacional en el caso Koldo.
El órgano de consulta jurídica ha emitido un dictamen favorable a la declaración de nulidad de la compra efectuada en mayo de 2020, por falta de capacidad de la empresa contratada para suministrar las mascarillas y la carencia de «solvencia técnica adecuada para llevarlo a cabo».
La Conselleria de Salud inició el pasado marzo la declaración de nulidad del contrato para reclamar por la vía administrativa a la empresa los 3,7 millones de euros abonados por estas mascarillas, que nunca se utilizaron.
El dictamen favorable se acompaña de un voto particular disconforme de los consejeros Antonio Diéguez y Maria Ballester, que discrepan del criterio mayoritario por una cuestión técnica: alegan un «error de planteamiento» porque no se plantea la nulidad del contrato de suministro, sino la nulidad por la que se declara de emergencia la tramitación.
Nunca se utilizaron
El Govern de Armengol compró por un procedimiento de emergencia a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas 1.481.990 mascarillas en abril de 2020, por las que pagó e 3.701.500 euros. Quedaron almacenadas y no llegaron a utilizarse.
En agosto de 2023, con el PP al frente del ejecutivo autonómico, el Servicio de Salud incoó un procedimiento de resolución parcial del contrato de emergencia por «incumplimiento culpable de la contratista», al que se reclamaron 2.626.584 euros, por la diferencia de precio entre las mascarillas tipo KN95/FFP2 solicitadas y las mascarillas quirúrgicas entregadas.
La Conselleria de Salud inició el pasado marzo la declaración de nulidad del contrato, para reclamar íntegros por la vía administrativa a la empresa los 3,7 millones de euros que fueron abonados por el material sanitario.
La declaración de nulidad se adoptó después de que la administración sanitaria desistiera del primer expediente de reclamación por 2,6 millones que ya se había tramitado porque las mascarillas suministradas no respondían a lo contratado.