Santiago de Compostela (EFE).- El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha manifestado este viernes que el coste de las gestiones derivadas de una posible oficialidad del gallego en las instituciones europeas no es «razonable» y ha abogado por atender otros asuntos con anterioridad.
«Entendemos que no es una cuestión razonable», ha sostenido López Campos, que ha cifrado en 132 millones de euros la inversión que habría que hacer para permitir el empleo de catalán, gallego y euskera en organismos comunitarios; un importe que correría a cargo del Estado español.
El conselleiro ha efectuado estas declaraciones con motivo de una nueva reunión del Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea (UE), en la que previsiblemente volverá a aplazarse la votación de este asunto incluido en el orden del día ante la falta de unanimidad entre los países miembros.
Para López Campos, Galicia tiene ahora mismo «encima de la mesa» otros «proyectos importantísimos» relacionados con la normalización del gallego y que requerirían de la financiación que el Gobierno central quiere destinar a esta cuestión.
Así, ha aludido al proyecto Nós, para la incorporación del idioma de Galicia a las nuevas tecnologías; o a la posibilidad de que el nuevo programa informático de la administración de justicia, conocido como Atenea, también pueda usarse en esta lengua.
«No puede haber una justificación de falta de recursos cuando estamos hablando de que la implantación de los tres idiomas cooficiales va a suponer un coste para el Estado de 132 millones», ha sostenido López Campos.
Defiende que Rueda no firmase la carta de Illa y Pradales
El responsable autonómico de Lingua también ha defendido por este mismo motivo que la Xunta no haya sido partícipe de la carta enviada a diferentes estados miembros de la Unión por parte del lehendakari, Imanol Pradales, y del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la que se solicitaba la aprobación de la oficialidad de gallego, euskera y catalán.
«Igual que otras lenguas que se oficializaron, como pudo ser el gaélico, no suponen un coste para el Estado para poder actualizar y poder mantener la utilización del idioma en Bruselas, entendemos que el gallego o el euskera o el catalán tampoco deben de hacer así», ha argumentado.
Así, ha zanjado que, «si el Estado está en condiciones de poder disponer de 132 millones de euros cada año para lenguas cooficiales», este puede atender las propuestas de normalización del gallego que se hacen desde Galicia.