Madrid (EFE).- El Tribunal Supremo (TS) celebra una vista a puerta cerrada en la que estudiará si mantiene en prisión preventiva al exdirigente socialista Santos Cerdán, investigado por su presunto papel en un supuesto reparto de mordidas por adjudicaciones de obra pública, o atiende a su petición de sacarle en libertad.
Una Sala de tres magistrados -Juan Ramón Berdugo, Pablo Llarena y Antonio del Moral- se reúnen a partir de las 10:30 horas para escuchar los argumentos de la defensa del ex número 3 del PSOE para ser excarcelado, a los que se opondrán la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares que dirige el Partido Popular.
La defensa pregunta qué pruebas puede alterar Cerdán
Los abogados del exdirigente socialista Santos Cerdán han preguntado en el Tribunal Supremo qué pruebas se supone que está intentando destruir cuando el juez no ha acordado ningún registro, y han denunciado que en esta causa se ha pasado de la presunción de inocencia a la «presunción de indecencia».
Con estos y otros argumentos, los letrados del ex número tres del PSOE han solicitado a la Sala de Apelación que excarcele a Santos Cerdán.
Los abogados Benet Salellas y Jacobo Teijelo, según informan a EFE fuentes jurídicas, han preguntado durante la vista de este martes qué pruebas son esas que puede destruir, y han resaltado que, desde que dejó el escaño el 16 junio, ni se ha ordenado un registro ni se le ha requerido el móvil.
Ambos han combatido los argumentos con los que el juez Leopoldo Puente acordó el ingreso en prisión de Cerdán, y lo han hecho con la oposición de la Fiscalía y las acusaciones populares que dirige el PP, que se han opuesto a la excarcelación del investigado, aunque dos de estas acusaciones -Catalunya en Comú y ADADE- se han desligado y han pedido también la libertad.
Los argumentos del juez
El juez Pablo Llarena ha sido el ponente del auto que responda al recurso que presentó Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE hasta el pasado 12 de junio, contra la resolución en la que el magistrado que le investiga en el caso Koldo, Leopoldo Puente, le envió a prisión preventiva semanas después, el 30 de junio.
Puente adoptó esta decisión tras la declaración de Cerdán, en la que negó que él o el PSOE hayan recibido dinero de presuntas adjudicaciones irregulares en la época de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes.
El juez considera que existe un «homogéneo y consistente conjunto de indicios (…) verdaderamente extraordinario» de que habría incurrido en delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, y decidió enviarle a prisión sin fianza ante el «peligro fundado» de que pueda «ocultar, alterar o destruir» pruebas.
Sospecha que el exdirigente del PSOE sería «quien se encargaba de reclamar a las constructoras» las cantidades adeudadas, «las recaudaba y las hacia llegar después» a Ábalos y Koldo García, con quienes tendría un «relación vertical» de «cierta preeminencia».
La causa abierta en el Supremo
Días después de aquella decisión, Cerdán, ya en la cárcel de Soto del Real (Madrid), recurrió ante la Sala de Apelación y denunció una «causa general» contra él, en la que cree que su entrada en prisión busca «provocar» una confesión, como ocurrió en su día con el empresario Víctor de Aldama.
Sin embargo, la Fiscalía, sin embargo, destaca su «capacidad» para «ocultar pruebas», «condicionar a testigos o investigados» e influir en los «aún desconocidos» pagadores de supuestos amaños, y sospecha que «parece que continuó manteniendo cierto control de las adjudicaciones» de Transportes tras la salida de Ábalos.
Junto a Cerdán, el Supremo investiga en esta parte del caso Koldo a Ábalos, a su exasesor Koldo García, al presunto comisionista Víctor de Aldama, y a otros cinco empresarios.