Madrid (EFE).- El comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana en Valencia, José María Ángel Batalla, usó un título «presumiblemente falso» para acceder a un nivel y sueldo como funcionario de la Diputación de Valencia superior al que le correspondía por su nivel de estudios.
Así lo señala la Agencia Valenciana Antifraude en un informe al que ha tenido acceso EFE y que concluye que «el Sr. Ángel Batalla no finalizó sus estudios universitarios en la Universidad de Valencia, por lo que el título universitario que consta en su expediente personal como funcionario de la Diputación de Valencia presumiblemente es falso, ya que, además, no constan evidencias de que dicha titulación sea real».
Además, apunta a dos funcionarios de la Diputación que, «mediante una actuación negligente en el ejercicio de sus funciones, no realizaron las comprobaciones oportunas para establecer si el título que constaba en el expediente personal del Sr. Ángel Batalla en la Diputación de Valencia era veraz y, por ende, han consentido y validado la situación irregular del Sr. Ángel Batalla».
De este modo, añade, Batalla podría haberse beneficiado del reconocimiento «de emolumentos superiores (sueldo, grado consolidado y trienios) a los que le corresponderían como funcionario del grupo D (actual C2)».
Es decir, como funcionario de un nivel básico, el correspondiente a funciones de apoyo administrativo, que exige solo haber completado la Educación Secundaria Obligatoria.
«Ilícito administrativo disciplinario»
La Agencia Valenciana Antifraude señala que Batalla, y quizás otros dos funcionarios, podrían haber cometido un «ilícito administrativo disciplinario».
El informe relata cómo, aparentemente, Batalla no superó el primer curso 1975-1976, en la Facultad de Filosofía, Sección Geografía e Historia, de Valencia.
Y resuelve interrumpir sus indagaciones para dar traslado a la Diputación de Valencia, que en su caso deberá valorar qué acciones adoptar ante los «indicios de conductas presumiblemente constitutivas de ilícito administrativo disciplinario» por «varios funcionarios» de esa institución.
Además, solicita que «periódicamente, la Diputación Provincial de Valencia informe a esta Agencia respecto del trámite en que se encuentran las actuaciones, así como que, en el caso de que se acuerde el archivo del procedimiento, se comunique a esta Agencia dicha circunstancia».
En cuanto a la posibilidad de que los hechos constituyan, además de una falta administrativa, un delito, la agencia dice que ella «no tiene competencia en las funciones y materias que corresponden a la autoridad judicial, el ministerio fiscal y la policía judicial, ni puede investigar los mismos hechos que han sido objeto de sus investigaciones».
«En caso de que la autoridad judicial o el ministerio fiscal inicien un procedimiento para determinar el relieve penal de unos hechos que constituyen al mismo tiempo el objeto de actuaciones de investigación de la agencia, esta deberá interrumpir sus actuaciones y aportar inmediatamente toda la información de la que dispone, además de proporcionar el apoyo necesario, siendo un órgano de apoyo y colaboración con la autoridad judicial y el ministerio fiscal cuando sea requerida», recuerda.
El PP pide el «cese fulminante» del comisionado
El PP ha pedido este martes el «cese fulminante» del comisionado del Gobierno.
«Es inconcebible que a estas horas este señor no haya sido cesado por el Gobierno de España fulminantemente», ha manifestado en rueda de prensa en el Congreso la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, después de que ‘El Mundo’ y ‘À Punt’ publicaran que, según un informe de la Agencia Antifraude de Valencia, el comisionado no finalizó sus estudios universitarios.
El secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Juanfran Pérez Llorca, también ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lo cese como comisionado y ha pedido a la secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, que lo destituya como presidente de los socialistas valencianos.
«Es algo muy fuerte», ha asegurado Pérez Llorca, quien ha considerado que esto supone «un salto más, es falsificar un documento público para obtener unas retribuciones de funcionario en grado A2 o grado B en aquel entonces, que no podría percibir nunca».
A su juicio, «no puede estar al frente de la reconstrucción un supuesto farsante», ni al frente de los socialistas valencianos «un supuesto farsante que ha falsificado un título universitario para cobrar una suculenta pasta como funcionario durante muchísimos años».
El Gobierno recaba información
Por su parte, el Ministerio de Política Territorial ha pedido información sobre el informe de la Agencia Antifraude de Valencia que ha detectado que el comisionado del Gobierno para la reconstrucción por la dana.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha considerado que «lo prudente y lo correcto» es recabar la información, después de que el informe haya sido publicado por ‘El Mundo’ y ‘À Punt’.
Alegría ha garantizado que cuando se reciban los datos solicitados, se informará «con toda la transparencia» sobre el caso.