Madrid (EFE).- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado este miércoles que su departamento ha abierto una investigación interna sobre los fallos de los dispositivos telemáticos de control de agresores machistas para exigir responsabilidades a la empresa adjudicataria del servicio en caso de ser necesario.
«Se ha iniciado una investigación interna exhaustiva que podrá derivar, en su caso, en exigencias de responsabilidades si las cláusulas del contrato no han sido finalmente respetadas», ha señalado la ministra en su comparecencia ante el pleno del Senado.
Disculpas por el ruido
Redondo ha iniciado su declaración disculpándose ante las víctimas: «Reitero las disculpas por el ruido generado en torno a su seguridad, que solo añade más inquietud y miedo a una situación que ya es lo suficientemente dura a diario».
La ministra ha asegurado que a raíz de las incidencias técnicas se ha implementado un «plan de seguimiento exhaustivo» para responder «de manera más ágil» a cualquier eventualidad, identificando áreas de mejora y asegurando la máxima protección de las víctimas.
Este plan ha estado acompañado de reuniones «de alto nivel» entre responsables de Vodafone, Securitas y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ha concretado Redondo, quien ha defendido que todo el trabajo se ha realizado con «discreción» para proteger a las víctimas.
«Frente a las acusaciones de opacidad o falta de transparencia quiero aclarar que todo este trabajo se ha realizado con la discreción que merecen las víctimas para preservar su seguridad y tranquilidad», ha concretado.
Más coordinación y mejoras en las pulseras
Entre las actuaciones principales ha destacado la coordinación diaria y directa con la sala Cometa, la recepción de informes semanales y mensuales, la creación de comisiones mensuales de seguimiento entre la empresa adjudicataria y la delegación del Gobierno de Violencia de Género, y las reuniones con el personal de Cometa para atender necesidades técnicas concretas.
Asimismo, ha subrayado la participación de estos trabajadores en jornadas formativas organizadas por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y el compromiso adquirido con el personal para reforzar el servicio durante períodos de especial riesgo, como el verano, la Semana Santa y la Navidad.
Redondo también ha avanzado algunas de las mejoras de los nuevos dispositivos, como la incorporación de configuración individualizada de idioma, la inclusión de un módulo específico de gestión de quejas, y el refuerzo del personal especializado en sala, incluyendo psicólogos, asesores jurídicos, supervisores y otros responsables.
Rechazo a los bulos
Asimismo, ha aprovechado su intervención para desmentir que ninguna mujer fuera asesinada en 2024 portando uno de estos dispositivos y ha criticado el lanzamiento de «bulos inaceptables» y «falsedades».
«No minimizamos el problema, pero es necesario enmarcarlo correctamente para que deje de trasladarse a las víctimas una situación que no se corresponde con la realidad», ha aseverado Redondo, quien ha defendido que su ministerio «nunca ha mirado para otro lado».
El origen de la crisis de las pulseras
La crisis se desató cuando la Fiscalía General del Estado reconoció en su memoria anual que habían existido «incidencias técnicas» derivadas del cambio de contrato de las pulseras de seguimiento telemático de los maltratadores, pero que ya habían sido solucionadas.
Alertaba de que el cambio de empresas prestatarias del servicio, ejecutado en marzo de 2024 a favor de Vodafone y Securitas, había provocado que no se pudiera acceder a la información sobre la ubicación de los agresores previa a esa fecha, algo que estaba desembocando en sobreseimientos y fallos absolutorios en procesos por quebrantamiento de las penas y medidas cautelares de alejamiento.
En sus declaraciones a los medios desde que se conocieran estas incidencias, la ministra Redondo ha insistido en que los dispositivos funcionan y que la afectación se dio en casos «mínimos» y «puntuales».
Actualmente, Igualad trabaja en la licitación del nuevo contrato para la gestión del servicio de dispositivos telemáticos de control de agresores machistas a partir de mayo de 2026, que incluirá mejoras para el ámbito rural, la actualización tecnológica y el refuerzo del personal del centro de gestión de las pulseras antimaltrato (Cometa), entre otras cuestiones.