Madrid (EFE).- El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha remitido este lunes una carta a los presidentes autonómicos de Asturias, Aragón, Madrid y Baleares exigiéndoles que garanticen el derecho al aborto de las mujeres en la sanidad pública y que, para ello, pongan en marcha el registro de objetores de conciencia, como marca la ley.
«Me dirijo a ti con la intención de ayudar a superar los obstáculos que, por desgracia, siguen encontrando muchas mujeres de nuestro país que deciden ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo», comienza el escrito remitido por Sánchez y al que ha tenido acceso EFE.
El presidente del Gobierno pide concretamente en este requerimiento formal a los presidentes autonómicos que adopten, con la mayor celeridad posible, las medidas necesarias para crear y regular el registro de personas objetoras, conforme al mandato establecido en la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Tres meses para atender el requerimiento
En el caso de que, transcurridos tres meses desde la recepción de este requerimiento, no lo hubiera hecho, se activarán los mecanismos legales oportunos para exigir su cumplimiento, advierte el presidente en la misiva.
Sánchez recalca que el registro de personas objetoras de conciencia es una herramienta «indispensable» para poder garantizar que exista un número suficiente de profesionales médicos que aseguren el acceso al aborto en los hospitales públicos.
Recuerda que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó el 16 de diciembre del año pasado el protocolo específico para la creación de estos registros y que los acuerdos de coordinación aprobados por unanimidad son de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas integrantes del Consejo.
Baleares, Asturias y Aragón crearán el registro
Tras recibir esa carta, los gobiernos autonómicos de Baleares, Aragón y Asturias se han comprometido a elaborar el registro de objetores de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo, pero la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que esta herramienta solo sirve para «estigmatizar» a los sanitarios.
Ayuso, quien ha afirmado que se tomará un tiempo para ser «certera» en su respuesta a Sánchez, ha asegurado que no es partidaria de que se persiga o se señale a ningún profesional sanitario por «practicar o no querer practicar un aborto».
La presidenta madrileña ha expuesto que esta carta forma parte de «una campaña para tapar todos los escándalos que rodean al presidente» y aunque no ha aclarado qué contestará a la misiva de Sánchez, sí ha dejad clara su postura contraria a «estigmatizar» al personal sanitario.
«Cumpliremos lo que diga la ley, pero la verdad de lo que hay detrás de eso es otra», ha coincidido el presidente de Aragón, Jorge Azcón, quien ha estimado que Sánchez «quiere poner el aborto en el centro del debate» para evitar que se hable de que «hay indicios más que evidentes, casi concluyentes, de que el Partido Socialista se está financiando de forma ilegal».
Azcón ha recalcado que su Gobierno «respeta y respetará siempre las leyes», y se ha comprometido a poner en marcha el registro «sin ningún problema» porque nadie está «cuestionando» la ley.
Por su parte, la consellera de Salud de Baleares, Manuela García, ha subrayado que la prestación del aborto en la sanidad pública en su región está garantizada, aunque todavía no cuente con un registro de médicos objetores.
Desde Asturias, la única región socialista que no cuenta con el registro de objetores de conciencia, el Gobierno del Principado ha avanzado que está trabajando para aprobarlo «a la mayor brevedad» a través de un decreto.