Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea ha decidido este miércoles denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber adaptado plenamente a su legislación las normas relativas a unas condiciones de trabajo «transparentes y previsibles».
Esas disposiciones se refieren a la directiva europea de 2019 que exige, por ejemplo, que los trabajadores reciban información completa y oportuna sobre aspectos esenciales de su trabajo, como el horario de trabajo y la remuneración, informó el Ejecutivo comunitario.
La Comisión precisó que, según las medidas notificadas, «España no cuenta con dichas normas».
Bruselas abrió el procedimiento de infracción contra España en septiembre de 2022 mediante el envío de una carta de emplazamiento, seguida de un dictamen motivado en junio de 2023.
El pasado febrero España notificó a la Comisión medidas nacionales que transponían algunas de las disposiciones de la directiva a su derecho nacional, pero no todas.
La Comisión considera que «los esfuerzos de las autoridades han sido insuficientes hasta la fecha» y por ello ha llevado a España ante el TJUE, para solicitar la imposición de sanciones financieras.
Discriminación fiscal a extranjeros
Por otro lado, la Comisión expedientó este miércoles a España por discriminar en materia fiscal a los extranjeros con vivienda habitual en el país por exigirles el pago de un impuesto en función del valor catastral del inmueble y no hacerlo en el caso de los ciudadanos españoles.
Bruselas ha explicado en un comunicado que los llamados «contribuyentes no residentes» están obligados a tributar en el IRPF un impuesto equivalente al 2 % del valor catastral de sus viviendas habituales en concepto de «renta teórica», pero que los contribuyentes residentes no están sujetos al mismo.
Este punto de la legislación tributaria española vulnera, a juicio de las autoridades europeas, los principios de libertad de movimiento de trabajadores y de libertad de movimiento de capital.
En consecuencia, la Comisión Europea ha enviado a España una carta de emplazamiento, el primer paso de un procedimiento de infracción que, en última instancia, podría acabar ante la Justicia europea si el país no resuelve las deficiencias detectadas.
España dispone ahora de dos meses para contestar a los requerimientos del Ejecutivo comunitario que, en «ausencia de una respuesta satisfactoria», podría enviar un dictamen motivado, la segunda fase en este tipo de expedientes y la última antes de elevar el caso TJUE.
Normas sobre agua y accidentes con sustancias peligrosas
Asimismo, la Comisión urgió a España a trasponer a su legislación nacional dos directivas comunitarias relativas a la calidad del agua potable y al control de los accidentes en plantas industriales donde intervengan sustancias peligrosas.
El Ejecutivo comunitario envió a España sendas cartas de emplazamiento instándole a que adopte la normativa íntegramente, lo que supone el primer paso de un procedimiento de infracción, y Madrid dispone ahora de dos meses para responder y subsanar las deficiencias señaladas.
En el caso de la directiva sobre agua potable, Bruselas apremia a España, Bulgaria, Grecia, Países Bajos y Portugal al entender que esos Estados miembros, en distintos supuestos, no han trasladado correctamente a su normativa doméstica una normativa que «contribuye a mejorar la resiliencia hídrica en toda la UE y alcanzar el objetivo europeo de contaminación cero».
Los países de la UE tenían de plazo hasta enero de 2023 para asumir la nueva directiva, que «refuerza la protección de la salud humana actualizando los estándares de calidad del agua, abordando contaminantes preocupantes como los disruptores endocrinos y los microplásticos, y garantizando un agua del grifo más limpia».
La ley europea también obliga a abordar las pérdidas de agua en la distribución, ya que actualmente se pierde, de media, un 30 % del agua potable durante el proceso de suministro en la UE, agregó el Ejecutivo comunitario en un comunicado
La Comisión Europea reprocha a España «deficiencias» que incluyen la reducción del ámbito de aplicación de la directiva, la falta de disposiciones específicas sobre la evaluación de riesgos del sistema de suministro de agua potable y la ausencia de disposiciones sobre revisiones periódicas.
Bruselas también llamó la atención a España por la Directiva Seveso III relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
La normativa se aplica a más de 12.000 instalaciones industriales en toda la UE y establece el marco normativo pertinente en materia de medidas de gestión del riesgo para prevenir accidentes graves y limitar sus consecuencias.
Según Bruselas, esa directiva «desempeña un papel clave en la estrategia europea de contaminación cero procedente de accidentes industriales».
«La Comisión ha constatado que España no ha transpuesto correctamente varias disposiciones de la Directiva Seveso III, entre ellas las relativas a las obligaciones de información, los plazos para elaborar planes de emergencia para nuevos establecimientos y la necesidad de limpieza del medio ambiente tras un accidente grave», indicó el Ejecutivo.
