París (EuroEFE).- El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), un organismo de expertos del Consejo de Europa, pide a los gobiernos de los países miembros que limiten los alquileres como una de las medidas para abordar los problemas de acceso a la vivienda.
En su informe de actividad sobre el año 2024 publicado este lunes, el CEDS también reclama un aumento de las ayudas y una mayor oferta de viviendas sociales para hacer frente al riesgo de personas que se queden sin techo.
Los 15 expertos de esta instancia, que son los encargados de velar por el cumplimiento de la Carta Social Europea (que recoge entre otros el derecho a la vivienda) ha analizado en ese estudio las medidas tomadas para hacer frente a la crisis del poder adquisitivo generada por la escalada de la inflación por efecto de la guerra de Ucrania.
En el terreno de la vivienda, toman nota de las medidas adoptadas en los 41 países que han suscrito la Carta Social Europea, pero estima que en muchos casos no han permitido solucionar los problemas.
Por eso insisten en que «deberían intervenir regularmente para que el parque de viviendas sociales existente sea suficiente» y actuar para las personas que no tienen techo.
Igualmente señalan que los responsables en cada país deben velar para que las ayudas a la vivienda «sean proporcionales a los gastos y que sean selectivas para el público que más corre riesgo de no tener medios para acceder a una vivienda de un nivel suficiente».
En ese mismo terreno, reclaman medidas «para impedir las expulsiones debidas a retrasos en los pagos de alquiler».
Ayudas a los grupos más vulnerables
Más allá de la vivienda, el CEDS también aborda otros retos planteados por la subida de la inflación que se produjo a partir de 2022 y apuesta por poner topes al precio de alimentos básicos y reforzar las ayudas a los grupos vulnerables.
También por «garantizar un acceso estable y seguro a una energía abordable» puesto que eso es «un elemento esencial para garantizar los derechos de la Carta Social Europea».
Los expertos del CEDS hacen hincapié en que el salario mínimo debe representar «al menos el 60 %» del salario medio en cada país.
