El sindicato considera que la propia acusación pública reconoce que dichos cursos «fueron impartidos sin observarse irregularidades”.
Badajoz, 16 ene (EFE).- La Fiscalía de Badajoz pide dos años y seis meses de prisión para los dirigentes de CCOO en Extremadura en 2013, entre ellas la actual secretaria general, Encarna Chacón, por un supuesto fraude en cursos formativos, mientras que el sindicato considera que la propia acusación pública reconoce que dichos cursos «fueron impartidos sin observarse irregularidades”.
Según el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, existiría “un gasto no subvencionable global, mendazmente justificado, que asciende a 489.309 euros y que fueron ilícitamente asumidos por el sindicato beneficiario y la entidad colaboradora -una fundación vinculada al sindicato- para llevar a cabo, en una situación de escasez de recursos que cuestionaban la continuidad económica de aquéllas, la cobertura de sus gastos propios de naturaleza general”.
Gastos “ajenos a los específicos fines subvencionados de las actividades formativas”, según expresa la acusación pública.
El Ministerio Público indica que, “de forma coordinada y concertada, los acusados construyeron diversos mecanismos destinados a trasladar una parte de los fondos públicos recibidos para subvencionar específicamente las actividades de formación de trabajadores (y bajo una apariencia formal de regularidad), derivando esas sumas a las necesidades financieras de CCOO”.
Según explica el texto, la Junta de Extremadura convocó en junio de 2011 una concesión de aportaciones de naturaleza subvencional destinada a planes formativos dirigidos “primordialmente” a trabajadores ocupados en el marco de la comunidad autónoma, a las que podían optar las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.
En este marco se concedió a CCOO la cantidad de 1,83 millones de euros para la realización de 97 actividades formativas.
De aquella suma “el sindicato beneficiario ha presentado documentación referida a supuestos ‘costes justificados’ de sus actividades formativas por la cantidad de 1,77 millones”.
La Fiscalía pide para cada una de las personas acusadas -Miguel Angel Coque, Encarna Chacón, Jaime Javier Fenollera, María del Carmen Muelas, Rocío Ballester y Julián Carretero- la pena privativa de libertad de dos años y seis meses de prisión, y una multa de 500.000 euros, y para cada una de las personas jurídicas acusadas (CCOO y fundación Forem) multa de 700.000 euros.
CCOO
En un comunicado, el sindicato CCOO ha lamentado que este caso sobre un supuesto fraude en cursos de formación siga activo «por el empecinamiento de la fiscalía», ya que es un procedimiento en el que «quien pudiera haber sido perjudicado, ha comunicado que no lo ha sido», y «en el que no existe daño o perjuicio alguno que resarcir».
A su juicio, la propia Fiscalía reconoce que las actividades formativas vinculadas a la subvención concedida en 2011 y ejecutada entre 2012 y 2013 “fueron impartidas sin observarse irregularidades”.
CCOO sostiene que el Servicio Extremeño Público de Empleo, con el aval de la Fundación Tripartita, dispuso, en una resolución de 2019, no solo que la formación había sido totalmente impartida, sino que tan solo una pequeña cantidad de la justificación aportada no cumplía estrictos requisitos meramente formales, sin que ello supusiera fraude de ninguna clase.
CCOO ha manifestado que la Junta, que había proporcionado los fondos de la subvención, comunicó al Juzgado en junio de 2020 que se apartaba del procedimiento al entender que no había existido perjuicio alguno para la Hacienda Pública Autonómica.
También que el 31 de agosto de 2022 la Junta pagó más de 300.000 euros de la subvención que aún no había satisfecho, diez años después de haber concluido la formación y una vez establecido que no había sufrido ningún perjuicio.
CCOO recuerda que existen en el procedimiento hasta cuatro peritajes distintos y «ninguno de ellos coincide en sus conclusiones respecto a validar unas u otras partidas».
Por último, remarca que la Junta es la que «lógicamente» tiene competencia para determinar si ha sufrido o no algún daño y, como entendió que no lo había sufrido, se apartó del procedimiento.
Procedimiento
En marzo de 2015, el Gobierno de Extremadura (PP) apuntó un presunto fraude con cursos de formación de ocupados por parte de la patronal, UGT, CCOO y CEPES, y que cifró en más de tres millones de euros, un hecho ilícito que estas entidades negaron.
Las supuestas irregularidades fueron desveladas a la prensa por la entonces consejera de Empleo, María Ángeles Muñoz, quien explicó que, según un informe de una auditoría encargada por el propio Ejecutivo regional y que hace referencia al 10% de los cursos, los hechos investigados podrían constituir un delito contra la Hacienda Pública.
De hecho, el Gobierno extremeño trasladó los datos recogidos a la Fiscalía Anticorrupción. De la investigación se desprendieron cinco causas que afectan al resto de entidades analizadas, una de ellas la referida a CCOO.