Mérida, 30 ene (EFE).- Extremadura prohibirá uso del móvil en las aulas, una iniciativa que respalda la propia Administración regional, los sindicatos y las asociaciones de madres y padres de alumnos, aunque aún falta por determinar si será en todos los ciclos educativos, a excepción del universitario, y cuáles serán las excepcionalidades.
La consejera extremeña de Educación, Mercedes Vaquera, ha mantenido sendas reuniones con sindicatos de docentes y con AMPAs para abordar esta cuestión y, si bien hay unanimidad a la hora de la citada prohibición, existen flecos en cuanto a los ámbitos, condiciones y excepcionalidades.
Administración
Vaquera ha reafirmado la posición de la Junta respecto a la prohibición de usar móvil en las aulas a todos los niveles educativos excepto el universitario, incluidos la Formación Profesional y el Bachillerato, que comparten espacio con Educación Secundaria Obligatoria.
Además, ha reflexionado que los profesores también deben dar ejemplo con el uso del móvil de las aulas. «El hecho de que se prohíba el uso y exhibición de los móviles no quiere decir que las tecnologías no se puedan aplicar en los centros educativos», ha precisado la consejera, pues «el 99 por ciento de los centros tienen medios digitales».
Sindicatos
Los sindicatos han coincidido con la postura de la Junta de Extremadura sobre prohibir el uso y exhibición de los móviles y aparatos inteligentes individuales en las aulas y espacios de ocio y recreo, salvo cuando los docentes lo consideren necesario para actividades educativas o por motivos personales y de salud que afecten al alumnado.
Para ellos, el teléfono debería estar prohibido en Primaria y en Secundaria, y también lo descartan en situaciones de ocio como el recreo, aunque han considerado su uso en las aulas si el profesor lo considera necesario con fines educativos o en situaciones personales y/o sanitarias del alumnado que lo justifiquen.
El secretario general de FSIE Extremadura, Enrique Silveira, ha abogado por una «regulación estricta» en el uso del móvil, «más que prohibirlo», fruto del consenso entre familias, alumnos y docentes. Por parte de CSIF Extremadura, Ana Flores ha recomendado su regulación a nivel nacional, con la «máxima garantía jurídica», para que se restrinja el uso del móvil salvo en determinadas circunstancias o actividades puntuales, pues genera «problemas de convivencia, acoso escolar o disrupciones en el aula».
Educar en el buen uso
ANPE Extremadura, en declaraciones de su vicepresidenta, Ana Bravo, ha apostado por un debate social de la cuestión y ha reivindicado el derecho de los centros a prohibir el uso del teléfono. En esa línea, María Teresa Saez, de USO Extremadura, ha optado por respetar la autonomía del docente, pues «hay profesores que sí lo usan de manera pedagógica», y hay que «educar a los alumnos en el buen uso de los móviles».
«Siempre que sea con finalidad pedagógica», CCOO Extremadura ha aceptado su uso, no así entre círculos de socialización, según ha considerado la secretaria general de su federación de enseñanza, Lourdes Núñez.
Asimismo, el secretario de educación de UGT Servicios Públicos en Extremadura, Juan Manuel Jiménez, ha añadido que «todo el tiempo que el alumno esta en el centro esta destinado a su formación integral y a su educación». El presidente de la Asociación de Equipos Directivos Docentes de Extremadura (AEDDEX), Abel Macías, ha incidido en su regulación también para ámbitos «no específicamente lectivos», como transportes escolares y comedores, «cuando verdaderamente se producen este tipo de malas conductas».
Mientras, el Sindicato PIDE, en palabras de Elia Morales, ha propuesto que los centros educativos creen casilleros donde los alumnos puedan depositar los teléfonos y retirarlos en el momento de su salida.
AMPAs
Las asociaciones de madres y padres de alumnos de centros educativos públicos y concertados se han mostrado partidarias de prohibir usar el móvil y los aparatos inteligentes individuales en las aulas y espacios de ocio y recreo en todas las etapas educativas.
Esta postura ha sido «unánime» por parte de los representantes de la Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos/as de Centros públicos (FREAMPA-CP) y de centros concertados a la hora de ser trasladada a la Consejería de Educación.
No obstante, han considerado su uso en las aulas si el profesor lo considera necesario con fines educativos o en situaciones personales y/o sanitarias del alumnado que lo justifiquen. La única salvedad a dicha prohibición, según han explicado, sería ante casos «muy justificados» por motivos docentes y formativos. EFE