Mérida (EFE).- Las negociaciones de los Presupuestos Generales de Extremadura para 2025 -que se prevén llevar el 15 de octubre al Consejo de Gobierno y el 16 a la Asamblea- han arrancado esta mañana con el anuncio de una partida de 20 millones de euros para el regadío de Tierra de Barros y la defensa del modelo de política fiscal del Ejecutivo; con el veto de Vox a la negociación con el PSOE, quien, por su parte, no se cierra al acuerdo presupuestario y una clara distancia con Unidas por Extremadura.
Como antesala a las reuniones bilaterales con las distintas formaciones, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha expresado que la confianza de los extremeños la obtuvo en las últimas elecciones y ha pedido a los grupos parlamentarios «altura política» y que piensen en el interés general.
Guardiola ha hecho estas declaraciones después de que este jueves Vox -que rompió su acuerdo de gobierno con el PP que está minoría parlamentaria- le recordara las palabras del dirigente popular Borja Semper de que en democracia cuando un gobierno pierde la confianza o no tiene suficientes apoyos «lo que debe hacer es disolver las cortes, convocar elecciones o someterse a una cuestión de confianza».
Por otro lado, Guardiola ha anunciado que el presupuesto del próximo ejercicio consignará consignará 20 millones de euros para iniciar el proyecto de regadío de Tierra de Barros, lo que demuestra que «nunca han dejado de creer» en el mismo, a la vez que ha vuelto a exigir financiación estatal para que esta iniciativa sea una realidad «cuanto antes».
Posicionamientos de los grupos políticos
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, no se cierra a alcanzar un acuerdo en la negociación de los presupuestos autonómicos para 2025 ni ha «vetado» a Vox, aunque ha puesto como «línea roja» que el proyecto de regadío de Tierra de Barros (Badajoz) este bien dotado económicamente pues considera que los 20 millones son «una propinilla», ya que llegó a contar con una financiación de 200 millones.
En cambio, para el presidente del Grupo Parlamentario de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, la financiación del proyecto de regadío de Tierra de Barros es un «buen arranque», pero ha recalcado que negociar con el PSOE es una «línea roja» y que los populares deben elegir con quién quieren alcanzar un acuerdo.
Por parte de Unidas por Extremadura, su portavoz, Irene de Miguel, ha considerado un «insulto a los agricultores» los 20 millones de euros anunciados para el referido proyecto, ha instado al Gobierno regional a incluir una renta agraria universal y un impuesto a las grandes fotovoltaicas, y a eliminar la reforma tributaria acometida al inicio de la legislatura.
Ante este escenario, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha instado al resto de formaciones políticas a sustituir las líneas rojas por «las verdes, blancas y negras», en referencia a la necesidad de mirar por los intereses de los extremeños y no de los partidos a la hora de negociar los presupuestos autonómicos de 2024.
Defensa de la política fiscal
Al término de las reuniones, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha subrayado que en los presupuestos autonómicos para 2025 , los más expansivos de la historia de la comunidad, no darán «ni un paso atrás» en su política fiscal y seguirán avanzando en la «justicia tributaria», que se ha demostrado efectiva y se traduce en una «mayor recaudación».
«Por tanto, si todo se condiciona a modificaciones fiscales no va a haber ningún apoyo posible, es evidente», ha expresado Manzano, quien se ha mostrado «feliz» por este primer intercambio de ideas a la espera de propuestas de las formaciones políticas, con las que prevé reunirse de nuevo en una semana.
Sobre la «línea roja» de Vox al PSOE, ha pedido «rigor, respeto y lealtad institucional», porque tienen que escuchar a «todos los extremeños» a través de sus representantes en la Asamblea, para expresar también su deseo de que los distintos grupos tengan «altura de miras» y sea aprobado por todos pues son los «mejores» tanto en materia social como económica o tributaria.
En relación a las peticiones de Unidas por Extremadura y PSOE en materia fiscal, ha admitido que les «separa un abismo» con la coalición pues estos piden «nuevos impuestos y subida de tributos», pero con los socialistas, que plantean «la recuperación posible del impuesto sobre el patrimonio», algo a lo que la Junta se opone «de manera tajante», «ellos mismos han reconocido» que esta medida «no supone, en principio, una línea absolutamente roja para continuar con las negociaciones».
Deducciones en el tramo autonómico del IRPF
Además de mantener las medidas fiscales incluidas en las cuentas de 2024, las del próximo ejercicio incorporarán una deducción en la cuota íntegra autonómica del IRPF de un 50 % para nuevos residentes que se elevará al 75 % en el caso de que estos tengan menos de 36 años, con residencia efectiva y mantenimiento de la misma durante tres años, una medida que busca atraer población a la región.
Otra medida nueva, y que -según ha recordado- también fue avanzada por la presidenta de la Junta, María Guardiola, en el debate del estado de la región, es una deducción en el IRPF de un 20 % de la cantidad donada a entidades culturales, artísticas y también al patrocinio de deportistas, con un límite de 500 euros.
«Si vamos a premiar en el IRPF a la persona que lo dona, no podemos castigar al que lo recibe», ha precisado, de ahí que el destinatario de esa donación se beneficiará también de una deducción en el impuesto de sucesiones y donaciones.
Bonificación en el impuesto de sucesiones
Sobre este mismo tributo, y después de la bonificación del cien por ciento del impuesto de sucesiones y donaciones para los grupos 1 y 2 en Extremadura (descendientes, ascendientes y cónyuges) desde el 1 de enero de 2024, en las cuentas del próximo año se atenderá a las situaciones en las que hay una «vinculación especial» pero no existe este tipo de parentesco, especialmente teniendo en cuenta los «nuevos modelos de familia», con el fin de corregir esa «desigualdad».
Para ello, se equiparará con la creación de un registro de especial vinculación el tratamiento fiscal de los grupos 3 y 4 a los grupos 1 y 2.
Esto es, ha apuntado, una reducción en la base imponible de 500.000 euros y una bonificación de hasta un 99 % en la cuota para las personas que acrediten una convivencia efectiva con el causante durante tres años o para determinadas relaciones de crianza real como ocurre con los hijastros, casos «sin ningún tipo de beneficio a día de hoy y con una carga tributaria que a veces puede llegar al 80 %».
Tasas y precios públicos
En relación a las tasas y precios públicos, el Ejecutivo extremeño descarta una actualización del 1 % como «se venía realizando en otros presupuestos», ya que se obtiene «una mayor recaudación por este concepto» y, por tanto, «no es necesario cargar el peso de estos tributos nuevamente sobre los contribuyentes».
Asimismo, las cuentas contemplan la misma bonificación para el canon de saneamiento o para el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Elena Manzano ha mencionado también la partida de 20 millones de euros para el regadío de Tierra de Barros, como ha anunciado la presidenta extremeña esta misma mañana, un esfuerzo inversor muy importante que demuestra la apuesta de la Junta por este proyecto al que -ha remarcado- también deben contribuir con fondos el Estado y Europa.
Empleados públicos
En cuanto a los empleados públicos, el presupuesto de 2025 contiene una subida salarial del 0,5 %, «que va a ser abonada en el mes de enero», a la que se «añade una posible subida de ese 2 %», que aún no está concretada ni materializada, a la espera de ver los acuerdos a los que llegan el Gobierno central y los agentes sociales.
La titular de Hacienda ha remarcado que los PGEX abordan las cuestiones que interesan a los extremeños: unos servicios públicos de calidad, con gasto de carácter «prioritario» en sanidad, educación y servicios sociales, una fiscalidad «más justa» que consolida el modelo iniciado en los vigentes presupuestos, y que «premian» a aquellos que generan riqueza y empleo en la región.