Cáceres (EFE).- El fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero, ha alertado del «acceso temprano e ilimitado» a la pornografía por parte de los menores, un factor que, según ha asegurado, está detrás del aumento de la violencia sexual entre menores.
La iniciación al sexo empieza en el 20 % de los casos con el porno cuando los menores solo tienen ocho años, mayoritariamente de forma accidental.
A los trece años, ya la mitad de los jóvenes consumen porno. Además, el 75 % de dicha pornografía es dura o violenta. A los 14 y 15 años de edad el consumo de esos contenidos está generalizado, según estudios solventes citados este lunes por Montero en su discurso durante el acto de apertura del año judicial extremeño.
Los menores, internet y las redes sociales ha centrado la temática expuesta por el fiscal superior, quien ha advertido que este acceso «temprano e ilimitado» crea «indudables riesgos» en una etapa evolutiva en la que los menores están en intensos cambios psicológicos, emocionales y sociales.
Hasta ahora, según ha expuesto, la mayoría de los servicios a través de aplicaciones o webs se basan en una simple declaración del usuario, que afirma tener más de 18 años. «Nada impide que los menores de edad encuentren todo tipo de contenidos extremos, incluso si no los buscan, ofrecidos por algoritmos programados para conseguir el acceso», ha lamentado.
«Hay que preguntarse si es deseable que -los menores- dispongan sin límites de una herramienta que los expone a contenidos destructivos y a unos valores machistas y de banalización de la violencia y la sexualidad antagónicos con los valores de respeto y tolerancia», ha apuntado el fiscal superior.
Medidas
En este marco, Montero ha recordado que el pasado año quince menores de edad fueron imputados en Almendralejo por delitos de elaboración y difusión de pornografía infantil y trato degradante.
Ante ello y para dar respuesta en todos los ámbitos, no solo judicial y policial, Moreno ha propuesto la adopción de medidas, como el establecimiento de un sistema efectivo y riguroso de control de verificación de edad que impida a los menores acceder a determinados contenidos y la extensión del control parental en los dispositivos de acceso a internet.
Se estima que sólo el 13 % de los padres implementan estas herramientas.
Asimismo, ha instado a la regulación de la inteligencia artificial, pues «mientras que las fronteras políticas son ciertas, las de la red son inexistentes», y a la prohibición de dispositivos móviles en colegios y escuelas.
Esta última medida, además, ayuda a los menores a sentirse más seguros, porque se reduce el nivel de acoso digital.
Según cifras de la Fiscalía, los expedientes de agresiones sexuales cometidos por menores han pasado de 26 en 2022 a 60 en 2023, que se traduce en una variación positiva de un 160 %.