Mérida (EFE).- Las familias extremeñas residentes en municipios rurales de menos de 3.000 habitantes, incluidas las pedanías y las entidades menores, recibirán una ayuda de 500 euros por nacimiento, adopción y guarda con fines de adopción.
Esta iniciativa ha sido aprobada este martes por el Consejo de Gobierno regional, cuyo portavoz, Victoria Bazaga, ha desgranado en rueda de prensa lo abordado y aprobado en la reunión.
En concreto, se establece una cuantía de 500 euros por nacimiento, adopción y guarda con fines de adopción, importe del que podrán beneficiarse las familias con nacimientos o adopciones desde el 1 de enero de 2024.
Bazaga ha explicado que queda eliminado el criterio de renta y se abre la posibilidad de que los progenitores con custodia compartida que no viven juntas reciban la cuantía al 50 %.
Con esta iniciativa, la Junta amplía el presupuesto hasta el millón de euros con el objeto de combatir la despoblación y el envejecimiento, y apoyar los nuevos nacimientos.
Registro de objetores de conciencia y aborto
Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se regula el procedimiento para la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo en Extremadura, se crea el Registro de profesionales sanitarios/as objetores de conciencia para la citada interrupción y se regula el procedimiento para el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia de dichos profesionales; han informado fuentes del Ejecutivo regional.
Entre otras prestaciones, esta nueva norma asegura el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, que habrá que realizarse preferentemente con medios propios y con todas las garantías establecidas en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, sin olvidar el pleno respeto a la intimidad y confidencialidad de las mujeres.
También se regula la objeción de conciencia de los y las profesionales sanitarios/as directamente implicados/as, que deberán estar inscritos/as en el registro de profesionales sanitarios/as objetores/as que se crea al efecto mediante este decreto y que estará adscrito a la dirección general competente en materia de calidad sanitaria.
El texto del decreto se adapta al protocolo específico aprobado por el Ministerio de Sanidad para la creación del registro de personas objetoras de conciencia establecido en la Ley 1/2023, de 28 de febrero, y que fue fruto de lo acordado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).
Medicina intensiva en Cáceres
Además, el Consejo de Gobierno ha autorizado al Servicio Extremeño de Salud (SES) para la contratación de servicios sanitarios en la especialidad de Medicina Intensiva para el Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres por un importe de 274.500 euros.
Según la Junta, la cobertura de la imprescindible actividad mínima y la cobertura de las guardias «precisa un número mínimo de profesionales no disponibles actualmente en el Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres».
Actualmente, la cobertura de estas carencias se está realizando con el personal existente, «pero no puede mantenerse en el tiempo ya que supondría -han añadido- una sobrecarga asistencial de los y las profesionales del servicio de medicina intensiva».
Servicio de Teleasistencia de Cruz Roja
Del mismo modo, el Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión directa de una subvención a la entidad Cruz Roja Española en Extremadura para la financiación del proyecto de ‘Teleasistencia Avanzada Personalizada’ en 2025 por un importe de 924.426 euros.
Este proyecto ya está implantado en la región y atiende a más de 8.000 personas al año, en coordinación con todos los ámbitos de las administraciones autonómica, provincial y local.
Con más de 25 puntos de atención y con la descentralización de los recursos que posee Cruz Roja, se posibilita una intervención rápida y homogénea por todo el territorio.
Además, la entidad goza de la infraestructura necesaria para la prestación del servicio de teleasistencia, sin necesidad de dilatar en el tiempo la adquisición, desplazamiento y distribución de equipos.