Bogotá (EFE).- Las activistas ambientales en Colombia «enfrentan riesgos permanentes con baja respuesta del Estado» y deslegitimación por su trabajo, denunció un estudio presentado este jueves por la Red Nacional de Mujeres, que se elaboró durante seis meses con apoyo de la Embajada de Noruega y ONU Mujeres.
El informe recoge la experiencia de 84 lideresas ambientales de los departamentos de Antioquia (noroeste), Cauca (suroccidente) y Nariño (suroeste) y «busca hacer visible cuáles son los riesgos diferenciados que sufren las defensoras medioambientales en Colombia», explicó a EFE la coordinadora de la organización, Susana Mejía González.
Los principales peligros, agregó, son el desplazamiento causado por el aumento de actividades extractivas como la minería y la deforestación, y la falta de seguridad en el territorio.
Según estudios realizados por la ONG británica Global Witness, por dos años consecutivos, Colombia está catalogado como el país más mortífero del mundo para defender la tierra y el medioambiente.
Entre 2016 y 2024, asesinaron a 248 personas defensoras de derechos humanos solo en Colombia, según informes de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en la región.
Durante la presentación del estudio, las activistas ambientales aseguraron que la estrategia que han desarrollado para enfrentar el abandono estatal y otros riesgos ha sido la creación de redes de apoyo para incidir en las políticas públicas.
Deslegitimación y amenazas
El informe, según explicó Mejía, halló que las activistas ambientales «presentan una alta probabilidad de sufrir daños en su integridad personal y desplazamiento forzado (…) y que el 92 % de los riesgos persiste desde hace más de cinco años».
Destacó, además, que la hostilidad contra las mujeres defensoras en estos territorios «no solo es física, también psicológica, económica e institucional».
Los principales responsables, agregó, son los grupos armados, las empresas mineras y las instituciones estatales que discriminan a las activistas, especialmente en el Cauca.
«Yo creo que el departamento del Cauca es un departamento diverso y rico, pero el tema del conflicto armado y el narcotráfico no nos permite ni avanzar en el desarrollo rural, ni tener la seguridad económica que necesitamos las mujeres», afirmó la activista del Cauca Soraida Fuelantala.
Deslegitimación del activismo ambiental femenino
El estudio también advierte de la deslegitimización que sufren las defensoras debido a que su trabajo no es percibido como «activismo legítimo», y sostiene que las principales violencias que sufren son «las amenazas, el desprecio y el chantaje emocional, además de la «violencia institucional».
«El principal tipo de violencia que sufro es la psicológica en el sentido de que minimizan las acciones que venimos realizando las lideresas por defender el territorio», afirmó Athala Cabezas, activista de Nariño.
El estudio incluye propuestas que han desarrollado las propias lideresas como fortalecer a las organizaciones de mujeres con respaldo técnico y recursos directos, reconocer que la justicia social y la climática van de la mano, garantizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones, asegurar su acceso a los recursos que necesitan para sostener sus procesos, y garantizar su participación en la gobernanza de los recursos naturales.