Lima (EFE).- El pleno del Congreso de Perú rechazó admitir a trámite tres mociones de vacancia (destitución) que habían presentado legisladores de oposición, en su mayoría de agrupaciones políticas de izquierda, contra la presidenta, Dina Boluarte.
La decisión se tomó durante la primera parte de la sesión plenaria un día después de que las mociones se presentaron, en cada caso, por el partido marxista Perú Libre, la bancada izquierdista de Cambio Democrático-Juntos por el Perú y el legislador de esa tendencia Alfredo Pariona.
Las tres mociones, que se rechazaron por mayoría simple, pedían la destitución de Boluarte por una presunta incapacidad moral para ejercer la jefatura de Estado y exigían que ofrezca explicaciones por las últimas denuncias que se hicieron en su contra. Que también se están investigando por la Fiscalía.
Al presentar este jueves una de las mociones, las parlamentarias progresistas Susel Paredes y Ruth Luque aseguraron que estaban «cumpliendo con el sentir del pueblo peruano que le da a la presidenta el 8 % de aprobación».
Argumentos para la destitución de Boluarte
Ese documento expuso varios argumentos para explicar por qué Boluarte habría incurrido en «permanente incapacidad moral», como un presunto «abandono al cargo», que una denuncia periodística señaló que hizo durante doce días entre finales de junio y principios de julio de 2023 para someterse a supuestos procedimientos estéticos.
También incluyó su presunta implicación en la investigación fiscal contra uno de sus hermanos, Nicanor Boluarte, al desactivar un equipo policial que apoyaba a un grupo fiscal que persigue específicamente los delitos de corrupción cometidos por altos cargos públicos un día antes de su detención preliminar.
Por este caso, el Ministerio Público ha abierto una investigación preliminar a la presidente por la presunta comisión del delito contra la administración de justicia, en la modalidad de encubrimiento personal.
Bolaurte no cede
Ante el anuncio de las peticiones de destitución que se preparaban en su contra, Boluarte afirmó el martes pasado que gobernará hasta el 28 de julio de 2026, cuando debe culminar su mandato, y pidió se dejen de «orquestar situaciones que no convienen al desarrollo del país».
«Aquí estamos firmes, fuertes y dignos, nada nos va a distraer para seguir avanzando en el desarrollo de nuestro querido Perú. Vamos a seguir caminando hasta el 28 de julio del 2026 porque así el pueblo eligió una fórmula presidencial y conforme a la Constitución eso se debe respetar», afirmó.
La gobernante afronta una crisis legal y política a raíz de las investigaciones fiscales abiertas en su contra, por presunta corrupción y genocidio, entre otros cargos, y un criticado manejo del gobierno que le ha generado una impopularidad de 88 %.
En las últimas semanas, Boluarte recibió denuncias por lucir costosas joyas supuestamente prestadas por un acaudalado gobernador regional, mientras que su Gobierno afronta una crisis económica que no logró paliar y un incremento de la inseguridad ciudadana.
Gobierno rechaza quiebre de «la gobernabilidad»
El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, afirmó este viernes que el Ejecutivo «no permitirá que se quiera quebrar la gobernabilidad» en su país, en referencia a tres mociones de destitución en contra de la presidenta Dina Boluarte, que presentó la oposición y se rechazaron hoy por el Congreso.
A ese grupo reducido de bancadas y parlamentarios le decimos que no lo van a lograr, que no vamos a permitir que alguien quiera quebrar la gobernabilidad del país para conducirnos a la inestabilidad y el caos», enfatizó Adrianzén en una rueda de prensa.
Añadió que bajo el liderazgo de Boluarte «y con un gabinete sólido y unido», el Gobierno hará frente a esos supuestos intentos de desestabilización.
Exjefe policial dice que el abogado de Boluarte lo presionó para cerrar caso a su hermano
A su vez, el ex jefe de la unidad policial anticorrupción de Perú Harvey Colchado afirmó que Mateo Castañeda, abogado de Boluarte, lo presionó para que cerrara un caso abierto a un hermano de la mandataria, a cambio de un ascenso, y que existen audios que lo prueban.
Colchado, ahora suspendido temporalmente como jefe de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía, acudió a la Comisión de Fiscalización del Congreso para declarar sobre la pesquisa del caso denominado ‘los waykis en la sombra’, en el que está siendo investigado el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, por supuestamente pertenecer a una presunta red de tráfico de influencias.
Explicó, entre otros temas, que Castañeda, quien también es investigado por este mismo caso, generó reuniones con él y el coronel Walter Lozano, donde les presionó para que cerraran dicha investigación.
«Él (Castañeda) fue quien generó las reuniones para presionarme a que yo apoyara o archivara ante la Fiscalía (e) intercediera para que se archive la investigación contra el señor Nicanor Boluarte», sostuvo Colchado en la comisión.
Detalló que las dos reuniones que tuvo con el abogado fue por petición del letrado, lo que, según sus palabras, está acreditado con mensajes de Whatsapp, al igual que tiene audios donde se escucha a Castañeda dirigir «esta trama».
«Por la reserva de información del procedimiento especial de esta técnica especial no puedo detallarlo pero sí existen audios que perennizan y está la voz del señor abogado y lo tiene el Ministerio Público», dijo Colchado, que junto a Lozano han actuado «como agentes dobles».
Grabaciones comprometedoras
También señaló que tiene grabaciones en las que se escucha al abogado de la presidenta ofrecerle no pasarle al retiro y ascenderlo como general si este apoyaba en el archivo del caso de Nicanor Boluarte.
Poco después de las palabras de Colchado, el vocero presidencial, Fredy Hinojosa, aseguró que no existe «la mínima preocupación» de parte de Presidencia respecto a la difusión de algún audio que involucre al abogado Mateo Castañeda, puesto que la mandataria siempre ha actuado conforme a la legislación.
Hace un mes, Colchado fue suspendido temporalmente como cabeza de la Diviac al que se abrió un procedimiento administrativo disciplinario por una presunta infracción “grave” y otra “muy grave”, poco después del allanamiento del domicilio de la presidenta y del Palacio de Gobierno como parte de la investigación del ‘Rolexgate’.