Pamplona, 22 may (EFE).- El Pleno del Parlamento ha convalidado el Decreto de Ley Foral con medidas extraordinarias urgentes en materia de personal para la reducción de la temporalidad en las Administraciones Públicas de Navarra,. Del mismo discrepan la mayoría de los sindicatos y buena parte del hemiciclo.
Con una protesta en el exterior del Parlamento de los sindicatos AFAPNA, CCOO, ELA y UGT, han votado a favor PSN, EH Bildu y Geroa Bai. Mientras, Contigo Zurekin ha optado por una «abstención crítica», y UPN, PPN, Vox y la parlamentaria no adscrita han rechazado un punto que ha sumado 27 de los 50 escaños.
El Parlamento lo tramitará como Proyecto de Ley
El Decreto de Ley Foral se tramitará como proyecto de Ley Foral por el procedimiento de urgencia, para lo que ha recibido el respaldo de todos excepto la abstención de Contigo-Zurekin.
En defensa del Decreto-Ley, la consejera de Interior y Función Pública, Amparo López, ha explicado las medidas adoptadas por Navarra, con competencias exclusivas en la materia sobre la que en 2021 legisló el Estado. Ha valorado que con ellas desde entonces se ha reducido la temporalidad en la Administración foral del 43 % al 16 %, aunque «el horizonte es alcanzar un máximo del 8 %».
Por ello, López ha advertido de que «los esfuerzos» realizados con diferentes procesos selectivos y 3 OPAs «han sido eficaces pero no suficientes». Y lo ha achacado al «no del todo eficaz procedimiento que estamos llevando a cabo».
Por ello, ha defendido este Decreto-Ley foral, «negociado con los sindicatos con tres propuestas distintas, en el que se pretende conjugar los derechos de los empleados públicos con los servicios a la ciudadanía». Ha reiterado su «disposición al diálogo y al acuerdo «.
Ha explicado el contenido, que busca establecer las disposiciones precisas para, agilizando la resolución de los procedimientos, facilitando el acceso de personas con menor antigüedad, e incentivando la ocupación de plazas de difícil cobertura. Y también condicionando la concesión de la excedencia voluntaria a la permanencia de al menos dos años en la plaza obtenida, avanzar en la reducción de la temporalidad hasta un máximo del 8 %.
En relación con el régimen de excedencias voluntarias se introducen modificaciones, como establecer un periodo mínimo de permanencia de dos años en la plaza obtenida en un procedimiento selectivo de ingreso antes de solicitar una excedencia voluntaria.
Asimismo, en el supuesto de la concesión de la excedencia voluntaria para prestar servicios en otra Administración Pública se condiciona a la permanencia de dos años. Además, se restringe al supuesto de que los servicios en la administración de destino tengan carácter fijo, excepto en las Entidades Locales de Navarra.
Además, por lo que al reingreso se refiere, se prevé la incorporación con fecha cierta y con ocasión de vacante dotada presupuestariamente y no incluida en un proceso selectivo.
También se adoptan medidas de simplificación administrativa en los procesos selectivos de ingreso y concurso de traslado, como la reducción de plazos.
En los concursos de traslado se valorará únicamente la antigüedad en el puesto de trabajo y los idiomas.
El Decreto-Ley Foral supone también la implantación de medidas específicas en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea para hacer frente al déficit de profesionales en algunas categorías. Entre ellas, la aplicación de sistema de oposición para facilitar el acceso de personas con menor antigüedad a plazas desocupadas.
El rechazo sindical marca el voto negativo
En el turno de los grupos, una muy crítica Marta Álvarez (UPN) ha considerado «un atropello y un menosprecio a los empleados públicos» lo que ha considerado «un decretazo». Se aprueba «por la vía de urgencia, sin negociación y a espaldas de la mayoría sindical, de los trabajadores y de la oposición». Para el rechazo, «nos sobran los motivos porque ni en la forma ni en el fondo tiene un pase».
También Irene Royo (PPN) ha alertado de este «decreto-fraude, decreto-trampa o decreto-timo» responde a la influencia de EH Bildu. Con la «excusa» de reducir la temporalidad», toma medidas que «vulneran los méritos y capacidad y discriminan a los funcionarios». Quienes lo apoyan «cuelan por la puerta de atrás procesos de admisión que más bien recuerdan a los procesos a dedo».
Por Vox, Emilio Jiménez ha considerado «un fracaso y un error» la aprobación de un decreto que «no ha sido trabajado ni negociado» y que «genera mucha incxertidumbre» ya solo por el hecho de que «todos los sindicatos, excepto uno, muestren su rechazo».
El socio de Gobierno Contigo-Zurekin ha explicado su «abstención crítica» no tanto por el contenido de lo aprobado sino «por la forma». Así, según Miguel Garrido, «si perseguimos el objetivo de las transformaciones, solo hay un camino, que es el acuerdo con la parte sindical».
Medidas necesarias para la mayoría
A favor, la socialista Ainhoa Unzu ha respaldado un Decreto-ley que «garantiza que nuestras plazas se cubren, los servicios se prestan y nuestra Administración responde». Lo ha dicho tras confesarse «consciente de que hay posiciones críticas y las respetamos, pero no hacer nada no puede ser una opción». El interés general debe prevalecer» sobre la falta de respaldo sindical mayoritario.
También EH Bildu, en boca de Adolfo Araiz, ha apoyado un conjunto de medidas que «van a servir» para acercar la temporalidad al marcado 8 %. Es una «urgente necesidad» que no se ha cumplimentado con los procesos de «cierta eficacia» hasta ahora ejecutados.
Blanca Regúlez (Geroa Bai) ha advertido de que le hubiese gustado «un consenso sindical más amplio». No obstante, ha compartido respaldo y argumentos porque las medidas «supondrán un avance para la reducción de la temporalidad. Pero también para la mejora en los procedimientos de ingresos y la calidad de los servicios». Ha abogado por tramitar las medidas como Proyecto de ley para que su aplicación afecte también a las Administraciones locales.