Pamplona (EFE).- La Plataforma contra las Minas de La Bal, Onsella y El Perdón, junto a Ecologistas en Acción y Fundación Sustrai Erakuntza han solicitado este lunes incluir al proyecto Mina Muga en la Comisión de Investigación abierta en el Parlamento foral sobre adjudicaciones de obras públicas en Navarra.
Las tres organizaciones han presentado un dossier para explicar y justificar dicha solicitud, además de convocar a la prensa frente al Parlamento de Navarra, donde el miembro de la Plataforma contra las Minas de Potasa, Enrique Miranda, ha expuesto la postura de las plataformas.
Miranda ha incidido en las «preocupantes noticias de prensa» que han salido recientemente y dicen que el origen de la presunta trama de corrupción sobre adjudicación de obra pública está precisamente en la reunión en las relaciones de Geoalcali con Servinabar y con Acciona.
También ha asegurado que «como mínimo, de 2015 a 2023, estas empresas han tenido una relación muy estrecha con el Gobierno de Navarra» y que «toda la tramitación del expediente Mira Muga puede estar contaminada por estos conseguidores y por estas maniobras de esta gente ante el Gobierno de Navarra, el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Industria».
Además, ha señalado a los ayuntamientos de Lumbier, Liédena, Javier, Tiesa, Sangüesa y con el concejo de Rocaforte en Navarra, y Undués de Lerda, Urriés, Sos del Rey católico y Castiliscar en Zaragoza, a los cuales «la Fundación Geoalcali les ha dado un montón de dinero en donaciones, colaboraciones con Obras Públicas culturales, arreglos de museos y otro tipo de obras».
Permisos «a dedo»
El activista ha denunciado que «se concedieron a dedo los permisos de investigación a Geoalcali tanto en Navarra como en Zaragoza, cuando según la ley de minas tenía que haber sido por concurso de empresas mineras y esto no se hizo, sino que Geoalcali pidió que se le diera los permisos de investigación y se le concedieron sin tramitar los permisos».
Otro aspecto que destacan las plataformas se basa en diversos informes aparecidos en los medios de comunicación que sitúan a Mina Muga en el origen de una presunta trama corrupta y estas empresas (Geoalcali, Servinabar, Acciona, UTE Sangüesa-Zangoza Services) y personas relacionadas con ellas «parecían ejercer labores de influencia, intermediación, y de captación de voluntades por diferentes modos», en alguna o varias de las Administraciones que debían aprobar los numerosos permisos para poner en funcionamiento Mina Muga.
Asimismo, hacen referencia a las noticias de prensa que aseguran que Koldo García y Santos Cerdán son “los ojos y los oídos” de Geoalcali en la Administración, según las palabras del primer CEO de Geoalcali, Pedro Rodríguez, que «así lo reconoce en un correo a Koldo García en 2015» y comentan que la UCO dice que «el origen de la presunta trama corrupta de Koldo García-Cerdan-Abalos está en la relación de Geoalcali con Servinabar y Acciona».
A expensas de la decisión de incluir o no el proyecto en la investigación, Miranda ha concluido su intervención afirmando que «los jueces lo dirán».