Oviedo (EFE).- El Gobierno del Principado iniciará la próxima semana un plan de inspección para la prevención del uso fraudulento de la vivienda pública en régimen del alquiler.
La Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos reforzará el cuerpo de inspectores, que pasará de los dos actuales a cuatro, y comenzará las visitas a las viviendas este próximo lunes, día 1 de julio.
Las previsiones que maneja el Ejecutivo autonómico son las de realizar entre 2.300 y 2.400 visitas durante un mínimo de seis meses.
De forma inicial, las visitas se realizarán a los inmuebles situados en los concejos de la costa asturiana, aunque el objetivo es extenderlo a todo el territorio.
El consejero de este departamento, Ovidio Zapico, ha anunciado la medida este martes en rueda de prensa junto al director general de Vivienda, Jesús Daniel Sánchez.
«Empezaremos por la costa, precisamente, por la presión de estas zonas en esta época del año», ha indicado.
Usos indebidos
Esta medida pretende asegurar la correcta utilización de inmuebles que fueron adjudicados como primera vivienda, evitando así que los destinatarios de las mismas puedan utilizarlos como segunda residencia, vivienda vacacional o cualquier otro uso indebido.
«Nos llegan indicios, por parte de ayuntamientos, de otros vecinos y de corredores de fincas de que se pudieran dar usos no debidos de ese tipo de viviendas. Nuestra obligación es comprobar estos indicios y actuar con contundencia en caso de que sea así», ha explicado Zapico.
El consejero también ha avanzado que, dependiendo del balance que hagan las personas que inspeccionen las viviendas, esta iniciativa podrá extenderse durante el resto de legislatura o bien aumentar la cifra de inspecciones.
El total del parque público de viviendas en régimen de alquiler, tanto las que son propiedad del Gobierno asturiano como de Vipasa, supera en la actualidad las 9.500 viviendas.
Por su parte, Sánchez ha informado de que las consecuencias para los inquilinos de estas viviendas que hagan un uso fraudulento podrían ir desde la rescisión del contrato hasta sanciones, dependiendo la gravedad de cada caso.
El director general de Vivienda también ha indicado en la próxima Relación de Puestos de Trabajo (RPT) se incluirá la figura del inspector