Sol Carreras | Madrid, (EFE).- La pedanía situada en la provincia de Málaga de Villafranco del Guadalhorce acaba de cambiar su nombre y pasará a denominarse oficialmente Villa del Guadalhorce. Sin embargo, en España todavía hay otros seis pueblos de nombre franquista que todavía no han dado este paso e incumplen la ley de memoria democrática.
Estos seis pueblos son Llanos del Caudillo (Ciudad Real), Alberche del Caudillo (Toledo), Villafranco del Guadiana (Badajoz), Alcocero de Mola (Burgos), Quintanilla de Onésimo (Valladolid) y San Leonardo de Yagüe (Soria).
Todos ellos tienen nombres relacionados directamente con el dictador Francisco Franco o hacen alusión a políticos y militares claves entre los años previos a la guerra civil y el franquismo. Como el general Mola, el general Yagüe y Onésimo Redondo, fundador de las JONS.
Lo denuncia el abogado Eduardo Ranz, experto en memoria democrática, que en declaraciones a EFE lamenta que ninguno de estos pueblos haya sido sancionado aún por no cumplir la ley sobre esta materia, aprobada en 2022.
«La gran asignatura pendiente del Gobierno es la retirada de simbología franquista. La ley de memoria establece plazos y sanciones. Si no existiera la ley, tendríamos que inventarla. Pero existe, así que apliquémosla y cumplámosla», ha pedido.
Ranz ha hecho más de 50 instancias y ha actuado judicialmente contra más de cien ayuntamientos por no cumplir esta ley al mantener simbología o denominaciones franquistas. Insiste en que no ha habido avances y urge al Gobierno a tomar cartas en el asunto.
La ley prevé sanciones de hasta 10.000 euros
Concretamente, la ley señala que serán considerados elementos contrarios a la memoria democrática las referencias hechas en topónimos, en el callejero o en los nombre de centros públicos a dirigentes y participantes de la sublevación militar, de la dictadura o de las organizaciones que la apoyaron.
Y añade que deberán ser las propias administraciones públicas las que adopten medidas para retirar dichos elementos.
En el caso de que no se cumplan, prevé la posibilidad de imponer hasta diez multas sucesivas. Estas multas pueden ser por períodos de un mes con una cuantía de entre 200 y 1.000 euros, por lo que podría llegar hasta los 10.000 euros de sanción.
Por el momento, no ha habido ninguna multa. Además, todavía no se ha hecho por parte del Estado un catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, contemplado en la propia ley.
Fuentes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática explican a EFE que el catálogo todavía no ha pasado por el Consejo de Estado para que se apruebe definitivamente en el Consejo de Ministros y constituirse la comisión que analizará, en adelante, las propuestas de objetos contrarios a la memoria democrática.
Será entonces cuando la Secretaría pedirá de manera formal a los ayuntamientos que se cambien los nombres franquistas. Un cambio que, recuerdan las fuentes, deberían activar de oficio sin esperar a que se apruebe el catálogo, como han hecho otros municipios.
Falta de voluntad de los pueblos
El pleno del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, a quien pertenece la pedanía de Villafranco del Guadalhorce, aprobó el 1 de agosto por mayoría absoluta el cambio de nombre.
Era uno de los compromisos del gobierno de este pueblo, del que forman parte los partidos 100% Alhaurín, PSOE e IU.
Pero en las otras seis localidades con nombres franquistas no hay, por el momento, ninguna perspectiva de cambio, en la mayoría de casos por falta de voluntad, al no ser tratado como un tema prioritario.
La única excepción es el pueblo de Alberche del Caudillo, que depende del Ayuntamiento de Calera y Chozas, que llegó a iniciar los trámites para el cambio de nombre antes de las elecciones municipales de 2023, pero se paró a la espera de que estuviera listo el catálogo estatal de elementos contrarios a la memoria. EFE