Barcelona (EFE).- La Fiscalía ha concluido que hay indicios para enviar a juicio al ex alto cargo de la Generalitat Emili Dragone, por conceder autorizaciones ambientales para que funcionara la cementera Lafarge de Montcada i Reixac (Barcelona), en base a una licencia que la justicia había declarado nula.
En un escrito, al que ha tenido acceso EFE, el fiscal de Medio Ambiente Toni Pelegrín pide al titular del juzgado de instrucción número 27 de Barcelona que inicie los trámites para enviar a juicio a Dragone, exjefe de los servicios de prevención de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat, por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Dragone está investigado a raíz de una querella de la Fiscalía por la concesión de autorizaciones ambientales a la planta Lafarge, que el Supremo ordenó precintar en noviembre de 2022, pese a que los informes de impacto ambiental en que se fundamentaba correspondían a una licencia que la justicia había anulado previamente.
De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado en varias sentencias las autorizaciones ambientales concedidas por la Generalitat a la cementera, que gestiona la empresa LafargeHolcim España, porque no se publicitó la declaración de impacto ambiental para que los afectados pudieran presentar alegaciones.
Infracciones «flagrantes»
En su escrito, el ministerio público recuerda que el TSJC puso de manifiesto en su sentencia las «flagrantes infracciones» en que incurrían las autorizaciones ambientales otorgadas a la cementera, lo que motivó que la propia sala enviara a la Fiscalía copia de sus actuaciones para que determinara si podía haber delito por parte de la Generalitat.
Según recuerda el fiscal, Emili Dragone era «el máximo responsable y garante» de la correcta tramitación de las declaraciones de impacto ambiental y de la concesión de autorizaciones y, además, disponía de «conocimientos técnicos, jurídicos y experiencia profesional suficiente» para saber en todo momento los «pasos legales a seguir en cada supuesto».
La Generalitat otorgó una licencia ambiental a la cementera en abril de 2008, que fue anulada después por el TSJC porque no se había publicado para que los afectados pudieran formular alegaciones.
Pese a tener constancia de dicha nulidad, añade la Fiscalía, el acusado, «lejos de promover el inicio de un nuevo procedimiento administrativo de autorización ambiental», impulsó la publicación de la licencia de 2008 en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, tras lo que abrió un trámite de alegaciones.
Según el ministerio público, el investigado era consciente de que, de esa forma, se acabaría otorgando una autorización ambiental a Lafarge amparada en una declaración ambiental «totalmente obsoleta, realizada en el año 2006», a sabiendas de que la empresa había hecho modificaciones de su actividad y que la normativa sobre la materia había cambiado en los años posteriores.
Hechos a conciencia
La Fiscalía cree que Dragone era consciente de que la declaración de impacto ambiental no preveía las exigencias ambientales que la Unión Europea introdujo en 2010 y que no se había evaluado convenientemente la contaminación atmosférica en la zona de la cementera y el impacto de las emisiones de acuerdo con la nueva normativa.
No obstante, añade el ministerio público, el ex alto cargo de la Generalitat promovió que las autorizaciones ambientales que el Departamento había concedido a la cementera entre los años 2009 y 2015 «se incorporaran directamente» en la nueva licencia de noviembre de 2015.
Y ello a sabiendas, sostiene la Fiscalía, de que esas licencias concedidas entre 2009 y 2015 «habían quedado ineficaces e inexistentes al ser nula de pleno derecho la autorización principal de la que dependían».
Nulidad de las autorizaciones ambientales
En diciembre de 2019, el TSJC declaró la nulidad de las autorizaciones ambientales de 2015, en una sentencia que no se declaró firme hasta abril de 2021.
Mientras se tramitaba ese procedimiento ante el TSJC, agrega el fiscal, el investigado promovió la renovación de la autorización ambiental de 2015, principalmente a los efectos de ajustarla a la normativa europea de 2013 sobre fabricación de cemento, cal y óxido.
Esa renovación también fue declarada nula por el TSJC en octubre de 2021, «pues se consideró que se estaba renovando una autorización ambiental que presentaba un relevante vicio de nulidad, según habían afirmado ya clara y tajantemente en las citadas sentencias que anulaban la autorización ambiental de 2015», añade el escrito. EFE